El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado carpetazo al proyecto de la planta solar fotovoltaica Rojalinda y su red de evacuación eléctrica, una infraestructura que pretendía desplegarse entre el término municipal de Murcia y siete localidades de la comarca alicantina de la Vega Baja: Orihuela, Jacarilla, Benejúzar, Algorfa, Almoradí, Los Montesinos y Rojales.
Según publica este lunes 16 de noviembre el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Dirección General de Política Energética y Minas ha desestimado la solicitud de autorización administrativa presentada por la empresa promotora, Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, SA, y ha acordado el archivo definitivo del expediente tras más de cinco años de tramitación.
Dos motivos clave para el rechazo
La negativa del Ejecutivo se sustenta en dos bloqueos administrativos y ambientales insalvables que ya habían dejado el proyecto sin margen de maniobra:
- Incompatibilidad ambiental: El pasado 24 de abril, el órgano ambiental emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable. Los técnicos concluyeron que la instalación y su tendido eléctrico causarían efectos negativos significativos sobre el entorno, sin que las medidas propuestas por la empresa garantizaran su prevención o compensación.
- Caducidad de los permisos de red: En febrero de 2024, Red Eléctrica de España comunicó al Ministerio que los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica otorgados a la compañía habían caducado al incumplirse los plazos legales establecidos para avanzar en la tramitación.
Tras recibir el revés ambiental en primavera, el Ministerio abrió en mayo un trámite de audiencia para que la empresa promotora pudiera presentar alegaciones, pero el plazo venció sin recibir respuesta alguna por su parte.
Un proyecto de 70,8 megavatios entre dos comunidades
La iniciativa, impulsada originalmente en septiembre de 2021, contemplaba la construcción de una planta solar con una potencia instalada de 70,8 megavatios (MW). Además de los paneles, el plan incluía una subestación propia, una subestación colectora en Rojales y varias líneas aéreas de alta tensión diseñadas para transportar la energía desde Murcia hasta la red general en Alicante.
La resolución, firmada por el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, no agota todavía la vía administrativa. La empresa promotora dispone ahora de un plazo de un mes para interponer un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía si decide intentar revertir el archivo.





































