El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Contratación que dirige la edil Mónica Pastor, ha resuelto la renuncia a la adjudicación del contrato de mantenimiento de zonas verdes en Orihuela Costa y así se les está notificando a las empresas. La resolución de la concejalía es consecuencia del acuerdo del Pleno municipal de 29 de febrero de 2024, en el que se acordó que la prestación del servicio sería de forma directa a través de la empresa municipal ILDO SL.
La resolución por la que se decide renunciar a la adjudicación y cerrar el procedimiento de licitación abierto está firmada por la concejala Mónica Pastor y está siendo notificada a los licitadores del expediente.
Con esta resolución, la Concejalía de Contratación da carpetazo a un expediente de contratación polémico, en el que la Mesa de Contratación del Ayuntamiento denunció coacciones y amenazas por parte de representantes de alguna de las empresas participantes. Así se asegura desde el Ayuntamiento que se abre «una nueva etapa en la prestación del servicio con el claro interés de mejorarlo, incrementando personal adscrito al mismo, incorporando nuevos medios técnicos y materiales y poniendo el foco en los ciudadanos residentes en la costa».
ILDO SL
ILDO SL es un medio propio del Ayuntamiento, de capital íntegramente municipal, «que tiene solvencia económica y técnica suficiente para la realización del servicio, integrando una perspectiva de responsabilidad social y laboral muy importante», afirman desde el consistorio. Además señalan que prestó ya en el pasado el servicio de mantenimiento de zonas verdes en la zona costera y ha realizado encargos relacionados con la jardinería y el paisajismo para el ayuntamiento, efectuando también en la actualidad de manera eficaz el servicio de estacionamiento regulado de vehículos (ORA).
La empresa ILDO tiene la consideración de centro especial de empleo y fomenta la contratación de personas con discapacidad y personas en situación de riesgo social, por lo que a la lógica empresarial se suma su actividad basada en la responsabilidad social. Además de promover y fomentar la contratación de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, el Ayuntamiento ahorrará cerca de tres millones de euros a lo largo de la vida del servicio pues la prestación directa a través de ILDO es más económica, sostenible y estable que su realización a través de una empresa privada.
El informe económico que avala el encargo a ILDO resalta que el periodo medio de pago a proveedores en caso de ser prestado el servicio por la empresa municipal será inferior a 20 días, mientras que si lo realiza el Ayuntamiento será muy superior. Por tanto desde un punto de vista de sostenibilidad financiera la realización por ILDO será beneficiosa para los intereses públicos.
