La DANA del 29 de octubre de 2024 abrió un debate sobre los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias en la Comunitat Valenciana. Desde entonces, las administraciones han aprobado normas y promovido cambios en la planificación de inundaciones. La documentación oficial muestra avances, pero también diferencias entre una medida anunciada, una norma vigente y un procedimiento efectivamente implantado.
La investigación examina las reformas autonómicas y su relación con las nuevas reglas estatales, así como los instrumentos de aviso y los mapas que condicionan el desarrollo urbanístico.
Una nueva directriz estatal, con plazo hasta 2030
El Gobierno aprobó el 21 de abril de 2026 una Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, publicada en el BOE el día 27. Sustituye la directriz de diciembre de 1994, que seguía siendo la referencia estatal durante la DANA.
La nueva disposición establece criterios para identificar escenarios de riesgo, coordinar administraciones, organizar recursos y planificar avisos y medidas de protección. También desarrolla los requisitos que deberán incorporar los planes autonómicos y locales.
Su aprobación no supuso una actualización inmediata de todos ellos: la norma concede cuatro años para adaptarlos, hasta abril de 2030. Tampoco puede atribuirse esta reforma exclusivamente a la DANA, ya que la Norma Básica de Protección Civil de 2023 había previsto renovar las directrices.
El Gobierno aprobó asimismo en abril de 2026 otra directriz sobre fenómenos meteorológicos adversos, relativa a lluvias intensas, tormentas, vientos y otros riesgos. Ambas normas establecen un marco común para elaborar y actualizar la planificación.
La Generalitat modifica su legislación de protección civil
La Ley valenciana 5/2026 modificó la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias. Entre las novedades figura el reconocimiento expreso del derecho de la ciudadanía a recibir información y formación sobre riesgos colectivos graves y medidas de autoprotección.
La reforma también aborda la participación mediante la Mesa Social de la Protección Civil y las Emergencias y modifica las disposiciones sobre colaboración de policías locales entre municipios en determinados escenarios de emergencia.
Se trata de cambios normativos acreditados. Comprobar su aplicación requiere examinar las iniciativas formativas, los recursos y los procedimientos efectivamente desarrollados por las administraciones desde su entrada en vigor.
¿Quién avisa y quién decide durante una emergencia?
La gestión de una inundación implica a organismos con funciones diferentes. AEMET emite predicciones y avisos meteorológicos; la Confederación Hidrográfica del Júcar aporta información hidrológica sobre los cauces de su demarcación; y los servicios autonómicos de protección civil evalúan la situación y activan los mecanismos previstos en sus planes.
En la Comunitat Valenciana, el Centro de Coordinación de Emergencias comunica situaciones de preemergencia y el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) permite coordinar organismos de distintas administraciones en los supuestos establecidos. Las decisiones de protección corresponden a las autoridades competentes según la situación y el plan activado.
Por tanto, un aviso meteorológico no constituye automáticamente una orden de evacuación o confinamiento. Para determinar qué protocolos han cambiado desde octubre de 2024 es necesario comparar las versiones operativas de los planes, no solo las normas generales.
ES-Alert no se creó después de la DANA
El sistema ES-Alert permite enviar avisos a los teléfonos móviles presentes en una zona de riesgo. Ya estaba operativo en toda España desde febrero de 2023, antes de las inundaciones de Valencia.
La directriz estatal de 2026 lo contempla dentro de los sistemas de alerta temprana, junto con canales como radio, televisión, internet y megafonía.
Su incorporación a los documentos de planificación no demuestra por sí sola que los mensajes se emitan con suficiente antelación. La eficacia depende también de los criterios de activación, la circulación de la información y la adopción de decisiones.
Más planes municipales aprobados
En agosto de 2024, la Generalitat contabilizaba 176 planes municipales frente al riesgo de inundaciones aprobados entre 227 ayuntamientos obligados. Otros 32 estaban en proceso de aprobación, 14 en elaboración o con subvención y cinco carecían de plan o no habían facilitado información.
En agosto de 2026, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias comunicó 215 planes aprobados: 39 más que dos años antes. La cobertura administrativa pasó del 77,5 % al 94,7 %.
La Conselleria competente también impulsó una campaña para recordar a los municipios sus procedimientos, revisar recursos y difundir recomendaciones de autoprotección.
Estos datos corresponden a toda la Comunitat Valenciana, no solo a las localidades afectadas por la DANA. Además, aprobar un plan no acredita por sí mismo que se hayan realizado simulacros ni que todos los equipos y mecanismos de aviso estén disponibles.
El PATRICOVA identifica más superficie con peligrosidad
La Generalitat presentó el 15 de octubre de 2026 la primera fase de revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación (PATRICOVA), cuya versión anterior fue aprobada en 2015.
La nueva cartografía abarca Alto Magro, Bajo Magro, barrancos de l’Horta Sud y Bajo Turia. En esos ámbitos, la superficie identificada con algún nivel de peligrosidad pasa de 27.162 a 43.779 hectáreas: 16.617 adicionales, un incremento del 61,2 %.
En los barrancos de l’Horta Sud, la superficie cartografiada aumenta de 7.301 a 16.478 hectáreas, mientras que en Bajo Turia pasa de 7.621 a 13.903.
Estos incrementos no significan que el riesgo físico haya aumentado de repente en idéntica proporción. Reflejan cambios en la identificación técnica de los terrenos potencialmente inundables.
La propuesta plantea condiciones para nuevas construcciones, como elevar determinadas zonas habitables, limitar edificaciones en áreas expuestas y restringir aparcamientos subterráneos según la peligrosidad. Pero sus contenidos aún no deben tratarse como obligaciones definitivamente aprobadas.
Una revisión que seguía en tramitación
La Ley valenciana 2/2025 estableció un plazo máximo de un año para elaborar y aprobar la revisión del PATRICOVA en los municipios afectados por las riadas. La norma entró en vigor el 16 de abril de 2025, por lo que el plazo inicialmente previsto alcanzaba abril de 2026.
No obstante, el DOGV publicó el 16 de octubre de 2026 el trámite de información pública de la cartografía de la primera fase. Esto acredita que esa parte seguía en tramitación seis meses después del plazo original.
Para determinar si existió un incumplimiento jurídico es preciso examinar el expediente, las posibles aprobaciones parciales y las modificaciones legales que pudieran afectar a los plazos.
Las reformas y su aplicación
La Comunitat Valenciana cuenta con cambios legislativos, más planes municipales aprobados y una nueva cartografía del riesgo en preparación. A ello se suman las directrices estatales de 2026, que todavía deben incorporarse a los planes correspondientes.
Sin embargo, las medidas no se encuentran todas en el mismo estado: unas están vigentes, otras en adaptación y otras pendientes de aprobación. Determinar si la respuesta ante futuras inundaciones ha mejorado exige comprobar no solo qué se ha regulado, sino cómo funcionan los avisos, la coordinación y los procedimientos cuando aparece el riesgo.
