El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha estallado contra la Conselleria d’Educació tras confirmarse la retirada de 13 millones de euros asignados a la reforma y mejora de colegios e institutos públicos. Estos fondos, de los programas de inversión destinados a infraestructuras educativas, se han derivado a cubrir las facturas y despesas de funcionamiento básico de los centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria.
Desde la central sindical acusan al departamento autonómico de una flagrante «mala planificación» presupuestaria y una profunda «manca d’interés» por el estado de las instalaciones escolares públicas, criticando que se utilicen partidas de obras para enmendar desajustes en las cuentas ordinarias.
Sin margen a los dos meses de arrancar el curso
El trasvase económico se ha formalizado mediante una modificación presupuestaria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La resolución justifica el movimiento tras constatar un déficit de crédito de 6,5 millones de euros en los colegios de Infantil y Primaria y de otros 6,5 millones en los institutos de Secundaria para afrontar sus facturas del día a día.
Desde el STEPV ven incomprensible que los presupuestos autonómicos aprobados no tengan capacidad para sostener los gastos corrientes cuando no han transcurrido ni dos meses desde el inicio del curso escolar 2026/2027.
Retrasos continuados en el pago a las aulas
La decisión de la Conselleria se produce tras meses de quejas por parte de las direcciones de los centros públicos, que venían sufriendo retrasos continuados en los ingresos para gastos de funcionamiento. Este desabastecimiento financiero estaba causando problemas de operatividad en las aulas, obligando incluso a suspender las asignaciones de gasto a los departamentos en los institutos.
El sindicato remarca que este tijeretazo de 13 millones empeora el estado del parque escolar público, sumándose al paralizado Pla Edificant y al bloqueo en la ejecución de los 15 centros cuya construcción fue respaldada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Para la organización, la estrategia de Educació evidencia una gestión basada en «no planificar correctamente las necesidades de los centros y desviar fondos de infraestructuras para tapar agujeros».
