Dos años después de la riada del 29 de octubre de 2024, que dejó 233 víctimas mortales y golpeó con especial dureza a l’Horta Sud, la Hoya de Buñol-Chiva, la Ribera, la Serranía y Requena-Utiel, la reconstrucción avanza a dos velocidades. Las calles, los alcantarillados y los puentes se van recuperando, pero las grandes obras que deben proteger a los vecinos de la próxima crecida siguen, en su mayoría, sin empezar. Con motivo del segundo aniversario, la redacción de ComarcalCV ha preparado un especial que repasa qué se ha hecho, qué falta y qué ha cambiado en la forma de afrontar una emergencia.
El primer balance es el de los pueblos. Paiporta destina 90,67 millones de euros a rehacer 22,46 kilómetros de alcantarillado, Alfafar reparte 35,3 millones en 22 proyectos y Catarroja prevé más de 63 millones en 36 actuaciones, con un horizonte de diez años. El dinero llegó directamente a los ayuntamientos y, según el reportaje, la Ley de Contratos del Sector Público ha generado un cuello de botella burocrático que ralentiza la ejecución.
Fuera del casco urbano, la Generalitat da por terminadas 59 de las 60 actuaciones en carreteras, puentes y pasarelas de 28 municipios. Falta el nuevo puente sobre el Magro en la antigua N-III, en Utiel, que debía abrir este mes y tardará más. Los 80 caminos rurales de Torrent, con 12,8 millones de euros asignados, siguen esperando el permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Las administraciones tampoco coinciden en el dinero: el Gobierno central asegura haber ejecutado más de 9.600 millones, mientras que la Generalitat sostiene que los ayuntamientos solo han gastado el 5 % de los 1.700 millones que les transfirió el Estado.
La asignatura pendiente son los barrancos. La Confederación Hidrográfica del Júcar concluyó en julio sus 17 obras de emergencia, con más de 220 millones de euros invertidos, pero las grandes actuaciones de l’Horta Sud todavía son proyectos. El barranco de la Saleta se licitó por 132,1 millones con un plazo de 42 meses, de modo que no estaría listo antes de 2030, y diez proyectos para el Poyo, el Magro y la Saleta están en información pública desde el 22 de octubre. La Generalitat denuncia que la ejecución estatal apenas llega al 11,25 %, y el Gobierno replica que la mayor parte del dinero está comprometida o en tramitación.
Los municipios afectados también han movido ficha en sus protocolos, aunque a ritmos muy desiguales. Chiva tiene homologados los suyos desde julio, Paiporta ha creado una oficina municipal de emergencias y Catarroja hizo en febrero un simulacro con unas 5.000 participantes. El Gobierno central destinó 60 millones de euros a 62 municipios para prevención, pero aprobar planes o recibir ayudas no garantiza que el sistema funcione cuando llega la emergencia.
En el plano normativo, la nueva Directriz Básica estatal, aprobada en abril de 2026, da hasta abril de 2030 para adaptar los planes autonómicos y locales, y la Ley valenciana 5/2026 reconoce el derecho de la ciudadanía a recibir información y formación sobre riesgos. Los planes municipales frente a inundaciones han pasado de 176 a 215 en dos años. La primera fase de revisión del Patricova amplía la superficie con peligrosidad de 27.162 a 43.779 hectáreas en los ámbitos analizados, aunque sus condiciones aún no están definitivamente aprobadas.
La catástrofe ha dejado también cambios en las normas de construcción. La revisión del Patricova ha ampliado en más de un 60 % la superficie catalogada con riesgo de inundación, las plantas bajas nuevas deberán elevarse un metro y se prohíben los sótanos y los aparcamientos subterráneos en zonas inundables. Varios ayuntamientos han vetado usos sensibles, como guarderías o residencias, en plantas bajas inundables.
En el ámbito laboral, el Real Decreto-ley 8/2024 creó un permiso retribuido de hasta cuatro días, con sueldo íntegro, ante alertas rojas, y prioriza el teletrabajo. El sistema ES-Alert, por su parte, pasó a ser preventivo.
Entre quienes siguen esperando respuestas está el campo. La Unió denuncia descontrol en las ayudas y ha pedido a la comisionada para la DANA, Zulima Pérez, listas completas de beneficiarios, un calendario público de obras por municipio y un interlocutor técnico permanente. Su secretario general, Carles Peris, subraya que los agricultores afectados «necesitan soluciones, plazos y responsabilidades claras».
Con un enfoque muy distinto, quince organizaciones, entre ellas asociaciones de víctimas, plataformas vecinales, entidades agrarias y colectivos ecologistas, han presentado un manifiesto para exigir que se pare el hormigón en zonas inundables. Piden congelar las nuevas licencias, proteger la huerta y renaturalizar los cauces, y reclaman el reconocimiento formal de los comités locales de emergencia y reconstrucción.
El especial también mira a lo que la catástrofe dejó en las personas. Un estudio de la Universitat Politècnica de València con 300 damnificados de 23 municipios concluye que las primeras 72 horas fueron las más críticas y dejaron una fuerte sensación de abandono institucional, junto a una enorme gratitud hacia voluntarios y vecinos.
Otra investigación de la misma universidad analiza cómo reaccionó el cerebro ante los bulos de la DANA. Los vídeos falsos de TikTok provocaron respuestas un 15 % más rápidas que los de X, donde predominaron la ira y el miedo.
Todos los reportajes del segundo aniversario están reunidos en el especial de ComarcalCV sobre la DANA.
