La Unió Llauradora exige a Aldi y Lidl que retiren las promociones de naranjas a 0,95 euros el kilo que anuncian para esta semana y ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y a la Conselleria de Agricultura que investiguen cuánto se ha pagado a los productores por esa fruta.
Según la organización agraria, Aldi ofrece naranjas Navelina de categoría I y origen España en envases de cuatro kilos con una rebaja del 21 %, mientras que Lidl vende mallas de dos kilos con un descuento del 36 %. Las dos ofertas coinciden en el precio final, algo que para La Unió refuerza la necesidad de una inspección rápida.
«Aldi y Lidl deben explicar quién paga estas rebajas», ha señalado el secretario general de La Unió, Carles Peris. «El campo no puede convertirse en la variable de ajuste de las campañas comerciales de dos grandes cadenas», ha añadido.
La organización advierte de que usar la naranja como reclamo puede fijar en el mercado un precio de referencia artificialmente bajo y aumentar la presión sobre agricultores y comercializadoras. Recuerda que, según las referencias del IVIA para la campaña 2019/20, cultivar una hectárea de naranjos costaba 6.004 euros sin la recolección y 8.935 con ella, cifras que actualizadas con el IPC rondarían los 7.690 y 11.440 euros, sin contar la renta de la tierra, los seguros o el transporte y la manipulación posteriores.
Revisar contratos y facturas
La Unió pide que las inspecciones revisen contratos, facturas, liquidaciones, justificantes de pago y aportaciones promocionales para comprobar si los descuentos se trasladan a los primeros eslabones de la cadena y si se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a respetar los costes de producción del operador anterior. También quiere que se controlen las promociones ligadas a aplicaciones y programas de fidelización.
La organización reclama además al Ministerio de Agricultura y a la Generalitat estudios de costes actualizados por variedades y controles de oficio sobre las grandes promociones, porque considera que no puede depender de que los agricultores denuncien a título individual. «Si se detectan infracciones, debe haber sanciones disuasorias», ha concluido Peris.









































