Dos años después del devastador temporal que asoló la Comunitat Valenciana en octubre de 2024, la recuperación del sector agrario continúa encallada. La organización agraria LA UNIÓ ha denunciado la falta de información, la emisión de mensajes contradictorios y la prolongada incertidumbre que rodea tanto al cobro de las ayudas públicas como a las reparaciones pendientes en cientos de explotaciones agrícolas y ganaderas.
Ante este escenario, la entidad ha dirigido una carta formal a la comisionada especial para la DANA, Zulima Pérez, para exigir medidas urgentes que desbloqueen los expedientes paralizados y establezcan una coordinación real entre los organismos implicados: el Ministerio de Agricultura, la empresa pública TRAGSA, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Generalitat Valenciana.
Listados parciales y retrasos en los recursos de alzada
El malestar en el sector se ha intensificado tras la publicación de un nuevo listado de parcelas el pasado 16 de octubre. Según traslada la organización, los agricultores siguen detectando exclusiones inexplicables: mientras algunas parcelas han sido agregadas recientemente, muchas otras que también sufrieron graves daños continúan fuera de los registros oficiales.
A esta falta de concreción se suma la ausencia de información pública sobre la tramitación de los recursos de alzada. Según los datos recabados por la entidad agraria, la Administración no atenderá estos recursos hasta que se publique el último listado definitivo, demorando todavía más el cierre de los expedientes. Asimismo, los afectados denuncian que personal de TRAGSA les ha comunicado telefónicamente que no se emitirán más relaciones de parcelas, generando desconcierto entre quienes todavía esperan respuesta para terrenos afectados.
Dudas con las obras propias y agravios comparativos
Otro de los focos de conflicto radica en la situación de los titulares que adelantaron de su bolsillo las reparaciones de infraestructuras, caminos o sistemas de riego para no perder las campañas. LA UNIÓ advierte de que muchos temen que aceptar ahora una intervención de TRAGSA les impida cobrar las indemnizaciones por los gastos que ya asumieron por cuenta propia, todo ello ante la ausencia de instrucciones oficiales, homogéneas y por escrito.
En paralelo, la organización recoge la frustración de productores que denuncian agravios comparativos respecto a expedientes similares que ya han cobrado, así como la situación de los viveristas: mientras empresas que ejecutaron cuantiosas reparaciones han podido reanudar la actividad, viveros de menor tamaño aseguran haber recibido resoluciones denegatorias sin justificación clara sobre los criterios aplicados.
Las cinco exigencias a la Administración
Para frenar la indefensión de los profesionales del campo y garantizar la viabilidad de las explotaciones, LA UNIÓ ha planteado una batería de cinco medidas concretas e inmediatas:
- Listados completos y resolución de expedientes: Publicación íntegra de las relaciones pendientes de beneficiarios, clarificación sobre si habrá nuevas revisiones y respuesta formal a las alegaciones y recursos.
- Calendario público de obras: Difusión de un cronograma detallado por municipios con los trabajos asignados a TRAGSA y sus plazos de ejecución.
- Interlocutor técnico permanente: Creación de una unidad o figura de referencia que resuelva dudas técnicas de forma ágil y centralice las gestiones con las administraciones.
- Claridad sobre el Dominio Público Hidráulico: Coordinación e información transparente sobre las afecciones provocadas por cauces y zonas de laminación en parcelas agrarias, detallando su impacto en la titularidad, indemnizaciones y superficie reparable.
- Protección de derechos agrarios: Aplicación inmediata de los criterios de fuerza mayor para blindar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y del viñedo, junto con un protocolo claro sobre los gastos ya ejecutados por los agricultores.
El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha remarcado que el balance de la reconstrucción debe medirse por las soluciones prácticas que llegan a pie de campo y no por los importes presupuestarios anunciados: «Los agricultores y ganaderos damnificados ya han soportado dos años de pérdidas, trámites e incertidumbre. Ahora necesitan soluciones, plazos y responsabilidades claras para poder recuperar sus explotaciones y mirar al futuro con garantías».
