Casi dos años después de la DANA de 2024, los municipios afectados afrontan la nueva temporada de lluvias con el alcantarillado todavía dañado y una ejecución de las actuaciones estatales que apenas alcanza el 11,25 %. La Generalitat Valenciana ha advertido de que el Ejecutivo central ha dejado solos a los ayuntamientos frente a estas reparaciones, lo que evidencia carencias pendientes para la recuperación de las zonas dañadas.
El Consell señala que, en lugar de asumir las obras de forma directa, el Gobierno central optó por transferir 300 millones de euros a unas administraciones locales que ya se encontraban desbordadas por la reconstrucción. Tanto el gobierno autonómico como los propios consistorios alertaron en su momento de que este modelo no resultaba viable. En este sentido, se reclamaron modificaciones normativas estatales para ampliar el margen de ejecución mediante obras de emergencia, unas peticiones que no fueron atendidas.
Como alternativa de gestión, el ejecutivo autonómico destaca las acciones realizadas con los residuos. A pesar de ser también una competencia de carácter municipal, la Generalitat asumió los trabajos de forma directa mediante contratos de emergencia para acelerar la respuesta y evitar sobrecargar de trámites a las corporaciones locales.
Retrasos en el barranco del Poyo y La Saleta
La falta de avances se extiende a las grandes infraestructuras hidráulicas de la provincia. Actuaciones fundamentales como el encauzamiento del barranco del Poyo y el de La Saleta siguen sin comenzar, y la ejecución de las obras ordinarias antiriadas de competencia estatal se sitúa por debajo del 5 %. Hasta la fecha, únicamente se han llevado a cabo intervenciones puntuales de emergencia, dejando el peso de la responsabilidad en unos municipios colapsados.
Ante la temporada de lluvias, las localidades damnificadas reclaman respaldo institucional y agilidad administrativa. La Generalitat exige al Gobierno que asuma sus competencias y proceda de inmediato a la limpieza de los cauces. Además, advierte de que dos años después de la catástrofe siguen sin implantarse de forma efectiva los sistemas de alerta temprana por riesgo de inundación ni los planes de emergencia en los embalses.
