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CSIF explica que en febrero su delegado como representante de AGE en la provincia de Valencia, acudió al CAISS y a Tesorería para medir la cantidad de CO2 en el interior de las dependencias y se le «impidió entrar al edificio».
El sindicato CSIF ha presentado demanda en materia de reconocimiento de derecho contra el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante el Juzgado de lo Social de Valencia.
Asimismo, el motivo de esa demanda consiste en la prohibición de acceder tanto al Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) como a la sede de Tesorería General (TGSS) en Paterna a uno de sus delegados, que integra el Comité de Seguridad y Salud, para realizar mediciones de CO2.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que en febrero su delegado, como representante sindical de trabajadores y miembro del Comité de Seguridad y Salud Laboral de Administración General del Estado (AGE) en la provincia de Valencia, acudió al CAISS y a Tesorería para medir la cantidad de CO2 en el interior de las dependencias. A pesar de identificarse y de desarrollar su labor, «se le impidió entrar al edificio», tal y como explicamos en Comarcal CV.
CSIF continúa relatando que, tras lo ocurrido, «interpuso denuncia ante Inspección de Trabajo, ya que la postura de la Administración podría conculcar normas como el artículo 39.2 a) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales». Este artículo especifica que “en el ejercicio de sus competencias, el comité de seguridad y salud estará facultado para conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en los centros de trabajo y podrá realizar a tal efecto las visitas que estime oportunas”.
El sindicato señala que la respuesta de Inspección de Trabajo justificó la decisión de la Administración de impedir el acceso aduciendo que “el legislador no incluye entre las funciones del delegado de prevención de riesgos el realizar mediciones de CO2”. CSIF replicó con un segundo escrito instando a Inspección a que oficie a Tesorería General de la Seguridad Social para que «facilite el acceso a los centros de trabajo a los delegados de prevención para que puedan hacer mediciones de CO2″, algo que Inspección 2no ha atendido», señalan.
CSIF, en esta coyuntura de pandemia y ante la importancia de garantizar la calidad del aire que se respira, ha presentado demanda ante el Juzgado de lo Social de Valencia de «reconocimiento de derecho contra la decisión del Ministerio de Seguridad Social» de impedir a su delegado de prevención el acceso a oficinas con dispositivo de medición de CO2.
El sindicato pide que se declare vulnerado el derecho de su delegado, como miembro del Comité de Seguridad y Salud Laboral, a “desarrollar labores de vigilancia y control de las condiciones de trabajo”. En esa línea solicita que “se reconozca su derecho a acceder a las citadas dependencias y a realizar las pertinentes mediciones”.
La central sindical lleva a cabo durante el último año controles de CO2 en diferentes centros de trabajo de Administración General del Estado en la provincia de Valencia. El objetivo consiste en comprobar si el resultado es menor de 800 ppm, pues a partir de esa cantidad «ya se estaría inspirando un 1% del aire respirado por otra persona, por lo que habría un mayor riesgo de contagio de covid». Esas mediciones han permitido alertar de la peligrosidad de algunos espacios, como el hall de la entrada de la oficina de la Seguridad Social en Juan Llorens, en Valencia, donde detectó hasta 2.720 ppm.
