El Consell ha aprobado la ocupación urgente de los terrenos necesarios para ejecutar las obras de mejora en la carretera CV-35. La actuación, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 9,6 millones de euros, busca solucionar de forma definitiva el riesgo de accidentes y la congestión de tráfico que sufren a diario los términos municipales de Burjassot, Paterna y San Antonio de Benagéber.
El proyecto de infraestructuras se centrará en remodelar cuatro puntos conflictivos situados entre los kilómetros cuatro y 16 de la autovía. En la actualidad, las salidas de la vía y los carriles de incorporación del autobús en estos tramos sufren problemas de capacidad durante las horas punta. Esta saturación provoca retenciones en el carril lento que obligan a los conductores a detenerse por completo, lo que genera un grave peligro de accidentes por alcance al coincidir con el resto de vehículos que circulan por el trazado central a 120 kilómetros por hora.
Las máquinas intervendrán concretamente en el kilómetro cuatro en Burjassot, en los kilómetros 10 y 11 a su paso por Paterna, y en el kilómetro 16, en el área de San Antonio de Benagéber. Se trata de puntos críticos dentro de una arteria de comunicación que soporta diariamente una altísima intensidad de paso, con tramos que superan los 125.000 vehículos cada jornada.
Expropiación de terrenos y plazos legales
Para poder ejecutar estas mejoras viarias, la Generalitat Valenciana expropiará un total de 18 fincas. Las porciones de terreno que se van a ocupar varían desde los 40 hasta los casi 2.000 metros cuadrados por parcela. El coste de compensación a los propietarios afectados asciende a más de 32.000 euros, una cantidad que será sufragada directamente por la sociedad concesionaria de la infraestructura, Autursa.
Tras hacerse pública la resolución definitiva que aprueba esta relación de bienes y derechos, el procedimiento entra en su fase final. Los titulares de las parcelas disponen ahora de un plazo de un mes si deciden interponer un recurso de reposición ante la propia administración, o de dos meses para acudir a la vía contencioso-administrativa a través del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
