El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona a abonar 759.618 euros a la empresa promotora del programa de actuación integrada (PAI) del Sector Golf-Pobla, que incluía 3.118 viviendas y un campo de golf, anulado tras la crisis económica de la pasada década.
La sentencia confirma el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de València y reconoce a la mercantil el derecho a recuperar los gastos de promoción, formalización y gestión del PAI en virtud del convenio firmado en 2004 con el entonces equipo de gobierno del Partido Popular de Vicente Alba, aunque el acuerdo nunca llegó a aprobarse en pleno.
El texto judicial recuerda que el Ayuntamiento, bajo gestión del PP, se comprometió a promover el desarrollo del sector en un plazo de diez años y, en caso de no lograrlo, a garantizar el reembolso de las cantidades aportadas.
La empresa reclamaba además otros 781.565 euros, más IVA, correspondientes a la cuota urbanística de la variante CV-375. Sin embargo, el tribunal rechazó esta devolución al considerar que el convenio no contemplaba esa previsión y que se trataba de un pago a cuenta de futuras obligaciones urbanísticas.
En consecuencia, el TSJCV desestimó los recursos tanto del Ayuntamiento como de la promotora, aunque el fallo no es firme y puede ser recurrido en casación. Pese a ello, el actual equipo de gobierno municipal —formado por PP, Centrats y Cupo— ha decidido aceptar la condena y ya ha aprobado en pleno la devolución del dinero mediante una modificación presupuestaria financiada con aportaciones estatales.
Desde la oposición, la portavoz del PSPV, Noemí Morales, ha criticado duramente la gestión del PP, calificando la operación de “urbanismo salvaje” y denunciando que se destinen más de 750.000 euros de las arcas públicas “fruto de la chapuza del PP”. Morales ha recordado que el convenio de 2004 no pasó por pleno y que fue un gobierno progresista en 2022 quien recurrió la primera sentencia para defender los intereses municipales.
La socialista reprochó además que la cantidad que ahora debe abonarse podría haberse invertido en la mejora del asfaltado de carreteras, “que se encuentran en un lamentable estado de conservación”.
