El Ayuntamiento de Casinos ha trasladado a los tribunales su oposición frontal a la planta de biometanización proyectada en el término municipal de Llíria, una instalación diseñada para tratar más de 192.000 toneladas anuales de residuos. El consistorio ha presentado la primera de las dos demandas anunciadas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para impugnar las autorizaciones administrativas del proyecto y ha reclamado la adopción de medidas cautelares urgentes que ordenen la suspensión inmediata de los movimientos de tierras y de las obras.
El alcalde de Casinos, Miguel Navarré, ha denunciado que la Generalitat Valenciana tramitó tanto la declaración de interés comunitario (DIC) como la evaluación de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada al margen del municipio, pese a que la infraestructura se emplaza a escasos kilómetros de su casco urbano y a una distancia sensiblemente menor de Casinos que del propio núcleo poblacional de Llíria. El regidor ha tachado de «inadmisible» que su localidad no haya tenido «ni voz ni voto» en un procedimiento con afección directa sobre su territorio y su vecindario.
Para fundamentar la petición de nulidad y la paralización cautelar, el consistorio ha aportado tres dictámenes periciales independientes que alertan sobre los riesgos para el entorno. El primero de ellos, elaborado por el profesor Máximo Florín, rebate el estudio ambiental del proyecto por haberse servido de mediciones meteorológicas procedentes de Manises, situada a casi 30 kilómetros de distancia, y advierte mediante simulaciones de que ciertas emisiones a la atmósfera podrían llegar a Casinos en episodios de climatología adversa.
El segundo informe técnico, firmado por el geólogo Joan Escudet, identifica amenazas potenciales para el acuífero estratégico que comparten Llíria y Casinos. Por último, el análisis del profesor José Ramón Olarieta señala eventuales impactos perjudiciales sobre los suelos agrícolas y cuestiona cómo se han calibrado los efectos de la aplicación sobre el terreno de los digestatos y residuos derivados del proceso biológico.
Navarré ha justificado la petición de frenar los trabajos antes de que concluya el fondo del pleito señalando que «no tendría ningún sentido que la justicia nos dé la razón cuando el mal ya está hecho» e insistiendo en la dificultad de reparar determinados perjuicios ambientales. El primer edil ha matizado que el consistorio no rechaza el despliegue de las energías renovables, sino aquellos proyectos tramitados sin suficientes garantías técnicas ni consenso administrativo.
La ofensiva judicial cuenta con el respaldo social de la Asociación en Defensa del Camp de Túria y La Serranía, colectivo que ha reunido más de 14.000 firmas de rechazo. El consistorio ha avanzado que en las próximas semanas convocará una asamblea informativa abierta a la ciudadanía en la que intervendrán los responsables municipales, la plataforma vecinal, los peritos firmantes de los informes y el equipo jurídico encargado de la defensa procesal ante el TSJCV.
