El nuevo gobierno municipal de Buñol de PP e independientes ha implementado novedades en la gestión de su fiesta más emblemática, la Tomatina. Pero algunas de ellas no han sido bien recibidas.
Y es que la Unió de Periodistes Valencians ha denunciado que el Ayuntamiento de Buñol, a través de una empresa externa, exige entre 700 y 900 euros para acceder a los espacios reservados para los fotoperiodistas acreditados, lo que entienen es «una clara vulneración del derecho a la información”. Los periodistas señala lamentan así que «con el argumento de la falta de espacio, se ha optado por un criterio económico a la hora de dar acceso a las instalaciones municipales”.
Según explican desde la organización, “en lugar de establecer turnos de acceso o fijar unos criterios transparentes de acreditación, se ha optado por reducir las acreditaciones disponibles para mercantilizar un derecho básico, reconocido por la Constitución como derecho fundamental, como es el derecho a la información”. Después de cuestionar esta práctica, la Unió de Periodistes ha recibido la siguiente respuesta de la empresa concesionaria: “Si no tienen dinero que se dediquen a otra cosa” o “poner a alguien a controlar quién sube o baja es demasiado trabajo”.
La Unió entiende que se está produciendo una vulneración de los derechos fundamentales, por lo que exigen que los fotoperiodistas, cámaras, periodistas y fotógrafos profesionales puedan acceder a un espacio de trabajo en condiciones donde poder desarrollar su labor antes, durante y después del acontecimiento.
“La Tomatina es una fiesta que también se ha hecho grande gracias a la difusión generada por parte de la prensa local y autonómica primero, y nacional e internacional en segunda instancia. Intentar hacer negocio de un derecho fundamental es intolerable”, concluyen.
