El llamado “Proyecto Némesis”, que nació en Murcia en 2013 como una supuesta asociación cannábica y posteriormente abrió delegaciones en Buñol y Requena, ha acabado en los tribunales. Su fundador y principal responsable, que se define como “un friki de los videojuegos” y consumidor habitual de marihuana, ha sido condenado a dos años de prisión y al pago de 37.000 euros de multa por un delito de asociación ilícita y otro contra la salud pública, tras reconocer que bajo el amparo de la entidad se comercializaba con drogas.
Según ha publicado el diario Las Provincias, en el juicio, celebrado por conformidad en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, el acusado asumió toda la responsabilidad y eximió de culpa a su padre y a su pareja, que ejercían como presidente y tesorera de la asociación. Ambos han quedado absueltos. El resto de procesados —entre ellos los delegados provinciales de Buñol y Requena— admitieron también los hechos y aceptaron penas de un año y medio de prisión, aunque ninguno ingresará en la cárcel al ser todas las condenas inferiores a los dos años y aplicarse la suspensión de la pena.
Una apariencia de legalidad
Según quedó probado, la asociación, inscrita en Murcia en 2013 y posteriormente en el Registro Nacional de Asociaciones, se presentaba como un centro de “innovación, investigación y divulgación científica”. Sin embargo, desde marzo de 2019, su verdadera actividad consistió en la “distribución indiscriminada de marihuana y hachís entre los socios”, a cambio de cuotas anuales y pagos puntuales.
Para dar una falsa sensación de control, la entidad creó un rudimentario sistema denominado “módulo de transporte seguro”, que consistía en bolsas etiquetadas con la advertencia de no abrir su contenido durante dos horas. El fundador defendió que su intención era que los consumidores se llevaran la droga a casa y no la consumieran en la calle, aunque el tribunal lo ha considerado un mecanismo para fomentar el tráfico de estupefacientes.
Registros en Buñol y Requena
La Guardia Civil registró en mayo de 2019 los locales de la asociación en Buñol y Requena. En el primero se intervinieron más de cinco kilos de cannabis, hachís y THC valorados en 26.647 euros, mientras que en el segundo se hallaron 2,2 kilos de estas sustancias, con un valor estimado de 11.113 euros. Ambos espacios contaban con mostradores de dispensación y sistemas de almacenamiento según la variedad, imitando un punto de venta.
Los diez acusados se enfrentaban inicialmente a condenas de entre cuatro y cinco años de cárcel. No obstante, el acuerdo de conformidad rebajó las penas al contemplar la atenuante de dilaciones indebidas. En el caso del fundador, también se tuvo en cuenta su trastorno esquizoafectivo como atenuante muy cualificada, lo que redujo la pena a dos años.
La ejecución de la condena ha quedado suspendida para todos los encausados, con la condición de que no reincidan en un plazo de dos años, que en el caso del fundador se amplía a tres años por sus antecedentes penales.
