El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado un paso decisivo para atajar la crisis en el servicio de limpieza que afecta al municipio. En una sesión plenaria extraordinaria, se ha aprobado el inicio de los trámites para resolver el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, poda y voluminosos con la empresa Garbialdi S.A. Esta decisión, que ha contado con el respaldo del PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podem, y la abstención de PP y Vox, se produce apenas meses después de que la mercantil se hiciera cargo del servicio el pasado 1 de diciembre tras una adjudicación por 14 años.
La resolución del contrato viene acompañada de una penalidad económica de 143.539 euros, cifra que representa el 1% del valor total del contrato. Esta sanción grave se fundamenta en los informes técnicos de la consultora especializada AUDITESA S.L., que ratifican el incumplimiento en la adscripción de los medios personales y materiales comprometidos desde el primer día. Según el expediente, la gestión ha resultado deficiente al no ejecutarse las rutas en su totalidad, persistir los contenedores desbordados y descuidar tanto la limpieza de vertederos incontrolados como la recogida de enseres y voluminosos.
Ante este escenario de «grave perjuicio a la ciudadanía», el alcalde Robert Raga ha defendido la transparencia del proceso de adjudicación original, evaluado por técnicos y grupos políticos, pero ha lamentado profundamente los daños ocasionados a la imagen de Riba-roja de Túria. Para paliar esta situación, el consistorio ha adjudicado un contrato de emergencia a la empresa FCC, que desde el pasado 4 de enero complementa el servicio para intentar devolver la normalidad a las calles. Raga ha subrayado que actuarán con «toda la contundencia legal» para proteger a los contribuyentes y reclamar daños y perjuicios a la actual adjudicataria.
En el mismo pleno se ha desestimado la posibilidad de que la empresa ISS Facility Services absorbiera a Garbialdi para continuar con el servicio, al considerar que existía un riesgo de elusión de responsabilidades. Mientras se tramita la liquidación económica y la resolución definitiva, la empresa responsable deberá seguir prestando el servicio hasta que se adjudique un nuevo contrato. El alcalde ha reiterado su compromiso con los trabajadores de la plantilla, asegurando que el Ayuntamiento está pendiente de su futuro para evitar que la judicialización del conflicto afecte a su estabilidad laboral.
