La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a Requena y Utiel y ha avanzado que el expediente abierto por su departamento puede llevar al cierre definitivo de la planta de reciclaje de San Antonio de Requena.
Así lo ha destacado Pradas tras reunirse con la alcaldesa de Requena, Rocío Cortés, así como con el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, y representantes de los vecinos afectados de las localidades. La titular de Medio Ambiente ha destacado que “tras las irregularidades detectadas y la suspensión cautelar de la planta se está recopilando la información en unas diligencias preliminares que pueden conllevar el cierre definitivo de la instalación”.
Esta investigación, que finalizará una vez se recojan las últimas pruebas tras la extinción del incendio, se complementará con otros dos expedientes por parte de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental. El primero de ellos será un nuevo expediente sancionador que se ha comenzado a tramitar. En el mismo, se han incorporado los antecedentes de la empresa y se ha procedido a la apertura de la fase de actuaciones previas para recopilar todos los datos de la propia Conselleria de Medio Ambiente, así como de otros departamentos implicados. Este proceso finalizará una vez se pueda incorporar toda la documentación relativa al incendio una vez esté extinguido. Por otro lado, se va a abrir otro expediente por incumplir la Ley de Responsabilidad Medioambiental.
“La Generalitat se ha adelantado y ha tomado estas medidas porque antepone los intereses de los vecinos de Requena y Utiel ante los de una empresa desaparecida”, ha destacado la consellera. “El objetivo es depurar al máximo las responsabilidades y determinar si se han hecho bien las cosas y se cumplía toda la normativa”, ha recalcado Salomé Pradas. En este sentido, ha adelantado que se ha solicitado a la empresa que recoja todos los residuos de la planta una vez finalizada la extinción. En caso de que no se produzca este trabajo, la Generalitat lo llevaría a cabo en ejecución subsidiaria.
Pradas ha recordado que, desde el primer momento, la Conselleria de Medio Ambiente ha tratado de respaldar a los vecinos en la medida de sus posibilidades y competencias. Desde la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, una vez confirmado que el incendio no se sofocaría de forma rápida, se procedió a instalar una unidad móvil para hacer un análisis continuo de la calidad del aire. Las muestras siempre han confirmado que no hay un peligro para la población.
De forma paralela, se establecieron pautas de comportamiento para los colectivos más vulnerables, se solicitó la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y se colaboró con las tareas de extinción con medidas como el suministro de 3.000 toneladas de tierra.
Por último, la consellera ha querido agradecer a los vecinos y alcaldes su actitud, siguiendo las recomendaciones de la Dirección General y de los servicios de Emergencias. A su vez, ha recalcado que la Generalitat “se sensibiliza con los vecinos de las poblaciones y va a seguir a su lado”.
