El Pleno del Ayuntamiento de Paiporta ha dado luz verde a una moción clave en su política urbanística: se establece una moratoria de dos años en la concesión de licencias y declaraciones responsables para cambiar el uso de locales comerciales a uso residencial. Esta suspensión de licencias afecta a cualquier tipo de vivienda en planta baja, incluyendo viviendas particulares, hoteles, apartamentos o residencias públicas. La medida fue aprobada en el pleno de octubre con los votos a favor de PSPV, Compromís y PP, y el voto en contra de Vox.
La decisión tiene un objetivo prioritario: «garantizar la seguridad de las personas y los bienes ante el riesgo de inundaciones» y facilitar una revisión en profundidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta medida entronca con otras anunciadas recientemente como la instalación de medidores de caudal en el barranco del Poyo o la instalación de un sistema de megafonía para casos de alerta.
La vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, ha justificado la urgencia de la propuesta, señalando que «no es improvisada». Responde a un riguroso informe técnico y jurídico elaborado tras la dana del 29 de octubre de 2024, evento que dejó a Paiporta como el municipio más afectado de toda la comarca valenciana. Val subrayó que la normativa valenciana obliga a aplicar el principio de precaución, buscando «evitar cualquier actuación urbanística que pueda incrementar la vulnerabilidad de las personas y de los bienes».
Esta suspensión de dos años proporciona al consistorio el tiempo necesario para «repensar nuestro modelo urbanístico». La vicealcaldesa remarcó el objetivo de crear un pueblo que combine reconstrucción y protección ambiental, ofreciendo estabilidad a la ciudadanía. La medida del Ayuntamiento de Paiporta se adelanta a las exigencias autonómicas, pues se alinea con la próxima revisión del Patricova y otras planificaciones que establecerán criterios más estrictos para los usos residenciales en planta baja en los municipios devastados por las riadas de 2024. Con esta acción, Paiporta establece la seguridad y la prevención como la prioridad máxima en su desarrollo urbano futuro.
