La Generalitat ha reclamado a las instituciones europeas en Bruselas la urgencia de reducir las cargas administrativas, mantener el apoyo financiero íntegro y proteger a los agricultores de la Comunitat Valenciana frente a la presión que ejercen las importaciones de terceros países.
En plena negociación de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, el director general de Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández, y el director general de la PAC, Ángel Marhuenda, han defendido ante la Comisión Europea un modelo que garantice la rentabilidad de las explotaciones y facilite el relevo generacional. Uno de los mayores escollos actuales es la propuesta comunitaria de introducir la cofinanciación nacional en las ayudas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Este cambio obligaría al Estado a asumir parte del coste, lo que podría comprometer seriamente la capacidad de actuación de los agricultores, ha advertido Fernández.
Para aliviar la asfixia del sector, el gobierno autonómico ha solicitado a la Representación Permanente de España ante la Unión Europea que se aplace la obligatoriedad del registro electrónico de tratamientos fitosanitarios, cuya entrada en vigor está fijada para el 1 de enero de 2027. Marhuenda ha defendido la necesidad de establecer excepciones para las pequeñas explotaciones, con el fin de evitar nuevas trabas burocráticas que castigan de forma directa a los agricultores de mayor edad.
Frente común europeo por la supervivencia del arroz
Durante las diferentes sesiones de trabajo, los representantes valencianos han establecido líneas de acción con las regiones italianas de Piamonte y Emilia-Romaña, con las que comparten la escasez de recursos hídricos, el envejecimiento del campo y la reducida dimensión de los cultivos.
La grave crisis del sector arrocero ha monopolizado buena parte de estos encuentros institucionales. La fuerte caída de los precios de venta ha provocado que muchos agricultores no puedan cubrir ni siquiera los costes de producción, una situación límite a la que la Generalitat busca dar respuesta sumando apoyos para impulsar una estrategia común europea que proteja la viabilidad económica del arroz.
