El modelo de gestión del agua potable en Canet d’en Berenguer afronta un posible cambio tras la última decisión judicial. El Tribunal Supremo ha cerrado la vía de recurso contra la sentencia que cuestiona el acuerdo firmado en 2004 con Egevasa, lo que sitúa al Ayuntamiento ante la obligación de revisar ese contrato.
La resolución, fechada el 11 de marzo de 2026, inadmite los recursos presentados tanto por el consistorio como por la empresa concesionaria contra el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Con ello, la decisión se convierte en firme y abre la puerta a que el contrato de gestión del agua deba ser revisado y, en su caso, volver a salir a licitación en los próximos meses. Además, impone a ambas partes el pago de 2.500 euros en costas.
Desde el Ayuntamiento ya se han iniciado los trámites para adaptarse al escenario que marca la justicia, pese a que la sentencia todavía no se ha hecho pública. El origen de esta situación se remonta a un acuerdo firmado en 2004, prorrogado en 2009, que otorgaba a Egevasa la gestión del servicio de agua potable y alcantarillado en la localidad.
El proceso judicial parte de la solicitud de la empresa Aqlara, que reclamó la revisión de oficio de ese contrato. En 2023, el pleno municipal rechazó esa petición, una decisión que ahora queda sin efecto tras los pronunciamientos judiciales.
El recorrido del caso ha sido largo y ha estado rodeado de controversia pública. En ese contexto, se difundieron informaciones sobre posibles consecuencias económicas y legales que, con el paso del tiempo, no se han materializado. Actualmente no existe ningún procedimiento penal o civil abierto relacionado con este asunto.
