El polémico blindaje machista en la Semana Santa de Sagunt ha dejado de ser un simple debate orgánico para convertirse en un grave asunto penal. La Fiscalía ha acorralado a la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo al incoar diligencias de investigación criminal contra la entidad. Este movimiento judicial, motivado por una denuncia formal del Ministerio de Igualdad, sitúa a la histórica hermandad en el centro de una investigación por presunta discriminación por razón de género.
La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido la encargada de hacer pública la apertura de la vía penal a través de sus redes sociales. Redondo ha tachado de «discriminatoria» la actitud de la cofradía y ha aprovechado el anuncio para enviar un mensaje directo a la jerarquía eclesiástica ante la inminente visita del papa a España, señalando la «necesidad de que las cofradías garanticen siempre la igualdad».
La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación penal sobre el veto a las mujeres en la cofradía de Sagunto, algo que es discriminatorio. La visita del Papa a España debería servir para abordar asuntos como la necesidad de que las cofradías garanticen siempre la igualdad. pic.twitter.com/jzJ7qsksCo
— Ana Redondo (@_anaredondo_) May 28, 2026
Un cerco judicial tras el «no» rotundo a las mujeres
La intervención de la Fiscalía es la consecuencia directa del desafío lanzado por la propia hermandad el pasado mes de marzo. En una asamblea general extraordinaria que despertó una enorme expectación, se votó una propuesta largamente reclamada: sustituir el término «varones» por «personas» en los estatutos para permitir, por primera vez en cinco siglos, que las mujeres pudieran salir en las procesiones.
Sin embargo, el resultado de la votación interna cerró las puertas a la igualdad con 267 votos de cofrades en contra y 114 a favor.
Este portazo a los derechos fundamentales encendió las alarmas del Gobierno de España, que reaccionó de inmediato iniciando el procedimiento para retirar a la Semana Santa de Sagunto el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que ostentaba desde 2004. Ahora, el cerco se estrecha de forma definitiva con la entrada de la justicia penal.
«Decidieron seguir discriminando»
Desde el colectivo Semana Santa Inclusiva, personificado en su portavoz Blanca Ribelles, ven este paso de la Fiscalía como una consecuencia inevitable ante la cerrazón de la directiva. «Los cofrades tuvieron la oportunidad de corregir esa medida en la última votación y decidieron seguir discriminando», ha denunciado Ribelles, lamentando haber tenido que llegar a los tribunales.
Silencio ante las peticiones: El colectivo afirma que el veto no se debe a la falta de interés del pueblo. Decenas de mujeres intentan apuntarse cada año a la cofradía a través del formulario digital de su página web, pero la respuesta de la directiva siempre es «la callada por respuesta».
Para la plataforma ciudadana, este cerco judicial e institucional podría acabar «mañana mismo» si los líderes de la cofradía aplicaran la legalidad vigente y aceptaran las solicitudes de inscripción de las mujeres. Mientras tanto, la centenaria institución —fundada en 1492— afronta el momento más oscuro de su historia moderna, rindiendo cuentas ante los tribunales por impedir el derecho a la igualdad en pleno siglo XXI.
