A dos años del 29 de octubre de 2024, la memoria del territorio valenciano sigue marcada por las 233 víctimas mortales confirmadas. La catástrofe obligó a reaccionar a las administraciones en todos sus niveles —el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos— mediante una profunda adaptación legislativa destinada a evitar que una tragedia humana semejante vuelva a producirse.
El fondo indiscutible que explica la magnitud sin precedentes de esta DANA es el avance del cambio climático, alimentado por anomalías térmicas récord en el mar Mediterráneo que descargaron volúmenes de agua letales sobre comarcas como l’Horta Sud, la Hoya de Buñol, la Ribera Alta y la Plana de Utiel-Requena. Al constatar que municipios como Paiporta, Catarroja, Sedaví, Chiva, Alfafar, Benetússer, Utiel o Massanassa, en las inmediaciones de València, fueron golpeados por un fenómeno que ya no responde a los patrones meteorológicos tradicionales, las instituciones entendieron que los parches administrativos eran insuficientes: la respuesta tenía que ser estructural y quedar blindada en los boletines oficiales para rediseñar desde la raíz la relación entre el clima extremo, el urbanismo y la seguridad ciudadana.
El escudo laboral y el permiso climático: la primera línea de protección
La primera respuesta normativa de calado estatal provino del Consejo de Ministros del Gobierno de España mediante la aprobación del Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre. Esta norma modificó el Estatuto de los Trabajadores para crear el permiso retribuido por riesgo climático.
El decreto reconoce el derecho de los empleados a ausentarse de su puesto hasta cuatro días continuados, con el sueldo íntegro garantizado, cuando las autoridades emitan avisos de alerta roja o recomienden no circular ante riesgos de catástrofe. La norma impone el teletrabajo si las condiciones técnicas lo permiten y, en caso contrario, exime al empleado de acudir a su empresa sin posibilidad de sanción. Si la emergencia se prolonga, las empresas deben tramitar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor.
La revisión del Patricova: redibujar el suelo inundable y frenar el ladrillo
En el plano autonómico, el Consell de la Generalitat Valenciana abordó la reforma del Patricova, el Plan de Acción Territorial de Prevención del Riesgo de Inundación. La administración autonómica actualizó la cartografía técnica para incorporar criterios hidrológicos adaptados al cambio climático, lo que incrementó más de un 60% el suelo catalogado oficialmente con riesgo de inundación en las cuencas afectadas y duplicó la superficie protegida en l’Horta Sud.
Esta revisión del Consell conllevó limitaciones directas: la obligación de elevar un metro las plantas bajas de nuevas viviendas sobre la cota de la calle y el veto a construir nuevos sótanos o aparcamientos subterráneos en sectores inundables, donde perecieron numerosas personas al intentar retirar sus vehículos.
Asimismo, la Generalitat aprobó decretos ley de medidas urgentes de reconstrucción para permitir a los municipios destinar suelo público dotacional a vivienda de realojo. No obstante, la norma autonómica prohibió expresamente regularizar o reedificar inmuebles situados en dominio público hidráulico o en zonas de flujo preferente.
En este mismo ámbito competencial, la Generalitat Valenciana reformuló los protocolos del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), en coordinación con los servicios de emergencias y la Delegación del Gobierno. El sistema de avisos masivos a teléfonos móviles (ES-Alert) pasó de ser un mecanismo de activación tardía a un recurso preventivo automático ante la declaración de avisos rojos meteorológicos y repuntes críticos en los aforos de los ríos, incorporando pautas taxativas para la población: buscar plantas altas, no circular y jamás bajar a los garajes.
Choque político: la nueva Ley del Suelo, la reconstrucción y el veto a los cauces
La tramitación urbanística posterior generó una pugna competencial directa entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana. A través del Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el Ejecutivo central defendió la aplicación estricta de la Ley de Suelo estatal y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico para blindar como suelo rural no urbanizable los terrenos en zonas de flujo preferente.
Por su parte, el Consell y diversas organizaciones empresariales cuestionaron la rigidez de los informes estatales, argumentando que bloqueaban la reactivación económica y la reparación de polígonos industriales devastados. A su vez, en les Corts Valencianes, la oposición parlamentaria acusó al Consell de intentar flexibilizar la normativa para permitir usos en suelo rústico mediante medidas de simplificación administrativa, derivando en reproches mutuos sobre las competencias en la limpieza y el mantenimiento de los cauces.
Las ordenanzas locales: el cambio en la escala de barrio
En la escala municipal, los ayuntamientos de las localidades afectadas ejercieron sus competencias urbanísticas para blindar sus cascos urbanos. Consistorios como los de Catarroja, Paiporta, Sedaví o Alfafar suspendieron de inmediato el otorgamiento de licencias para reconvertir antiguos locales comerciales a cota de calle en viviendas residenciales dentro de sectores con antecedentes de anegamiento. Del mismo modo, las ordenanzas municipales pasaron a prohibir de forma expresa la implantación de usos sensibles —como guarderías, centros de día y residencias de personas mayores— en plantas bajas situadas en cotas inundables.
A este cambio en el régimen de licencias se sumó la obligatoriedad de que cada consistorio actualizara y homologara su Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (PAM INUN). Los municipios de l’Horta Sud y de las comarcas del interior regularon la instalación de redes locales de sensores de aforo y cámaras de lectura continua en las ramblas y barrancos de sus términos municipales, conectadas directamente con las policías locales. Con ello, las corporaciones locales fijaron rutas de evacuación señalizadas en el viario público y puntos de encuentro vecinal en zonas orográficas altas, dotándose de potestad normativa para ordenar el desalojo preventivo de áreas críticas sin esperar a órdenes de instancias superiores.
Paralelamente, municipios como Chiva o Utiel adaptaron sus planes generales para reservar suelo no urbanizable periurbano destinado a parques inundables y zonas de laminación natural. Estas actuaciones locales buscan que los cauces secundarios puedan desbordar de forma controlada sobre terrenos agrícolas o áreas verdes acondicionadas antes de que las avenidas de agua alcancen los entramados urbanos consolidados, integrando la gestión del drenaje sostenible en la normativa urbanística municipal.
La confrontación con las corrientes negacionistas
En paralelo al esfuerzo legislativo e institucional, el debate se vio condicionado por formaciones y plataformas negacionistas o escépticas ante la crisis climática, con Vox como principal referente parlamentario. Pese a que los registros de Chiva o Utiel evidenciaron el vínculo entre el calentamiento del agua marina y la violencia de las precipitaciones, estos sectores centraron su ofensiva política en desvincular la catástrofe del cambio climático, dirigiéndola hacia el marco regulatorio ambiental y las directivas europeas de restauración fluvial.
Desde estas posiciones se atacaron con dureza los cambios legislativos aprobados tras el 29 de octubre. Vox y sus plataformas afines criticaron frontalmente el permiso climático en el Estatuto de los Trabajadores, calificándolo de traba burocrática lesiva para la competitividad empresarial, y rechazaron la ampliación del Patricova y los informes restrictivos de la Confederación Hidrográfica del Júcar por considerar que bloquean el suelo, encarecen la vivienda y asfixian a los sectores productivos. Su discurso insistió en señalar al ecologismo institucional como culpable del desastre, promoviendo la idea de que la tragedia se debió a una supuesta falta deliberada de limpieza de barrancos y a la demolición de azudes y presas obsoletas.
Sin embargo, el impacto incontestable de la tragedia en el territorio forzó notables contradicciones y reajustes tácticos en estas posturas. En municipios muy castigados de l’Horta Sud donde contaban con representación municipal, ediles de este espectro político acabaron respaldando en los plenos locales las moratorias a viviendas en plantas bajas, las restricciones a sótanos y la aprobación urgente de los planes municipales de inundabilidad para evitar nuevas pérdidas humanas. Asimismo, la formación canalizó su discurso hacia la reivindicación de un Plan Hidrológico Nacional basado en grandes infraestructuras tradicionales de hormigón, presas y encauzamientos masivos; una exigencia de intervención estatal con la que intentaron eludir la evidencia del calentamiento global sin dejar de responder a la exigencia ciudadana de una mayor seguridad hídrica.
