El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana mantiene vigentes los servicios mínimos fijados por la Generalitat para la huelga indefinida en la educación pública no universitaria, que ha arrancado este lunes 11 de mayo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado las peticiones de CSIF y CCOO, que reclamaban la suspensión urgente de la resolución autonómica aprobada el pasado 7 de mayo.
La decisión se recoge en dos autos dictados por la Sección Cuarta del TSJCV. Los magistrados han considerado que la proximidad del inicio de la huelga justificaba resolver las solicitudes de manera inmediata, sin esperar al pronunciamiento previo de la Administración demandada ni del Ministerio Fiscal.
El tribunal no analiza todavía el fondo del recurso, una cuestión que queda pendiente para una fase posterior. En este momento, la Sala se limita a valorar si existían motivos suficientes para paralizar de forma cautelarísima los servicios mínimos. Su conclusión es que no se aprecia una falta clara de motivación ni una desproporción evidente en los servicios establecidos.
Los autos remarcan el peso del servicio público educativo y del derecho a la educación, reconocido en el artículo 27 de la Constitución. También recuerdan que toda huelga en un servicio público puede generar molestias, cambios e incertidumbres para los usuarios, pero que el derecho de huelga debe equilibrarse con otros derechos fundamentales.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la situación del alumnado de segundo de Bachillerato, que se encuentra a las puertas de la EBAU. Para el TSJCV, estos estudiantes tienen un interés especialmente relevante, ya que la prueba supone un momento decisivo en su recorrido académico y en sus expectativas profesionales.
La Sala considera prioritario que estos alumnos puedan afrontar la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad sin más tensiones que las propias del examen. Por ese motivo, y tras ponderar los intereses en conflicto, el Alto Tribunal valenciano rechaza suspender los servicios mínimos reclamados por los sindicatos.
