La Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana se encuentra en un momento crítico de gestión al tener que afrontar de manera simultánea dos grandes retos que amenazan la estabilidad del sistema educativo: por un lado, frenar la huelga indefinida de docentes que ya cumple su decimocuarta jornada ; por otro, blindar la limpieza y equidad de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) mediante un despliegue tecnológico sin precedentes contra el fraude electrónico.
Desafío 1: el cibercontrol de la PAU para frenar los fraudes con tecnología
El reto más inmediato para garantizar la igualdad de condiciones entre todo el estudiantado se librará en las aulas donde se realice la PAU. La Secretaría Autonómica de Universidades ha anunciado que este año se declarará una auténtica «guerra a los pinganillos» y a cualquier método de copia digital mediante la implementación de detectores de frecuencia y otros medios técnicos avanzados.
Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades, ha justificado estas severas medidas por la necesidad de adaptar los controles «a la realidad tecnológica actual». La nueva normativa prohíbe de forma taxativa tanto la utilización como la mera posesión de:
- Teléfonos móviles
- Relojes inteligentes
- Auriculares y pinganillos
- Tabletas y ordenadores
- Gafas con inteligencia artificial
Un protocolo de actuación implacable
El texto regulador introduce, por primera vez, un procedimiento de actuación muy estricto en caso de sospecha. Si los detectores localizan una señal sospechosa en los objetos personales de un alumno, el tribunal le obligará a mostrar el dispositivo. Si se niega, será conducido a la sede del tribunal para una nueva comprobación.
En el caso de confirmarse que el estudiante posee un dispositivo prohibido en funcionamiento, será expulsado inmediatamente y calificado con un cero. Esta misma sanción máxima se aplicará si se detecta suplantación de identidad. Para evitar problemas, los alumnos deberán acceder al aula con 30 minutos de antelación con su documento oficial; si utilizan la aplicación miDNi, la comprobación se hará antes de entrar, ya que no se podrá acceder con el móvil conectado.
Desafío 2: desarmar una huelga indefinida que se dilata en las aulas
El segundo frente de batalla es de carácter laboral y sindical. La octava reunión negociadora entre la Conselleria y los sindicatos docentes concluyó tras cuatro horas de debate con un sabor agridulce. Aunque se alcanzaron ciertos avances, la huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria continuará activada, al menos, una semana más.
Para intentar destrabar el conflicto, la Conselleria se ha comprometido a enviar el próximo lunes un nuevo documento definitivo a los sindicatos. A partir de ahí, la estrategia de la Administración consistirá en «desmembrar» la negociación, tratando cada reivindicación en mesas sectoriales temáticas directamente con cada dirección general. El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, confía en que este modelo de trabajo concentrado facilite un acuerdo definitivo la próxima semana, asegurando que ya hay un «80% de acuerdo en las cuestiones fundamentales».
Divisiones y cautela entre los sindicatos
A pesar del optimismo de la Administración, las organizaciones sindicales critican que la inclusión de sus mejoras se realiza «de una manera muy lenta». Al no disponer todavía del texto final, los sindicatos se han visto obligados a aplazar la consulta telemática al profesorado a la semana que viene. Mientras reorganizan sus estrategias y aseguran no descartar «ninguna posibilidad», las posturas varían según las siglas:
- STEPV: Su coordinador de Acción Sindical, Marc Candela, ha afirmado que «todo queda igual» hasta que puedan analizar la situación internamente y con el resto de convocantes.
- CCOO-PV: Xelo Valls ha apuntado que deben «repensar» la situación y se ha preguntado si el retraso en la entrega del documento definitivo tiene que ver con los presupuestos que presenta el Consell.
- UGT-PV: Maite Tarazona ha lamentado la extrema lentitud del procedimiento de la Conselleria.
- CSIF: José Seco se ha mostrado predispuesto a firmar los bloques de burocracia y valenciano, y ha propuesto una adenda al acuerdo de retribuciones salariales que ya firmó el pasado lunes junto a ANPE.
- ANPE: Lauren Bárcenas, por su parte, ha calificado de «totalmente insuficientes» el resto de bloques del documento autonómico.
Las principales «líneas rojas» del sistema
El acuerdo definitivo sigue encallado en puntos clave como las ratios, cuya propuesta de reducción actual es «inasumible» para los representantes de los profesores. También genera rechazo la «falta de concreción» en las plantillas , las discrepancias en el modelo de Formación Profesional y las críticas a las propuestas sobre el valenciano.
En el apartado de infraestructuras, los sindicatos urgen a priorizar la reconstrucción de los centros afectados por la dana y a agilizar las actuaciones en las aulas gravemente deterioradas donde se llegan a registrar temperaturas de más de 30 grados, lo que consideran «inhumano» para la docencia. Las únicas notas positivas del borrador han sido el consenso en la reducción de la burocracia y los avances en inclusión educativa, donde se ha proyectado un aumento del 30% de profesionales de Educación Social para el curso 2026/2027.
