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La Asociación Amics de la Terra ha asegurado en un comunicado que la Generalitat Valenciana ha autorizado la ampliación de una macrogranja de porcino en Ayora, que pasará de 750 a 7200 cerdos.
Este es un proyecto que siempre ha generado rechazo en el municipio por su alto impacto ambiental, y ya en 2018 el consistorio suspendió licencias, como informó ComarcalCV.
Ahora, la organización ecologista señala que “es irónico que la conselleria encargada de la emergencia climática y el desarrollo rural esté permitiendo la ampliación de estos controvertidos proyectos de industrialización animal. Está demostrado que son una de las principales causas de la despoblación en el mundo rural y del cambio climático con la generación de cantidades ingentes de emisiones de gases de efecto invernadero” y añaden que la explotación emitirá al año 78.765,80 Kg de metano, 39.339,64 Kg de amoniaco, 313.35 Kg de óxido nitroso y consumirá 36.792 m³ de agua, lo que equivale al consumo anual de 700 personas.
Ayora tiene una población de 5200 habitantes, y el consumo de agua de la macrogranja equivale al del 15% de su población.
“No nos podemos permitir continuar profundizando en un modelo que devora nuestros recursos naturales y agrava la crisis climática”, afirma Amanda Subiela, portavoz de Amics de la Terra Valencia que asegura que “además, el modelo ganadero industrial terminará cayendo tarde o temprano porque o bien los países a los que exportamos encontrarán otro proveedor más barato o, en contextos de emergencia climática, tendremos dificultades para acceder a las materias primas con las que se fabrican los piensos. Si China nos deja de comprar la carne, se termina el negocio para unos pocos”.
Los vecinos que conforman la Plataforma contra la macrogranja de Ayora se reunieron a principios de esta semana para establecer los siguientes pasos tras conocerse la decisión de la Conselleria. El portavoz de la plataforma, señala que “nuestro ayuntamiento debería haber actuado con urgencia, ya que antes de que Consellería aprobara y legalizara la ampliación, tenía la capacidad de paralizar el proyecto pero ahora que la Consellería lo aprueba, no puede hacer nada”. “El proceso ha estado lleno de irregularidades”, afirma, “la empresa promotora recibió una subvención de 230.000€ incluso antes de contar con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada”.
La macrogranja denunciada se sitúa cerca de terrenos Red Natura 2000 y hará uso de ellos para esparcir los purines, los excrementos del ganado. El promotor necesitará 760,81 hectáreas de superficie como base territorial sobre la que extender los residuos de los animales, que finalmente se llevará a cabo en áreas protegidas. La única condición que pone la Consellería es que “las parcelas situadas en Red Natura 2000 deberán abonarse fuera del periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de julio”.
La empresa integradora de este proyecto, Grupo Sánchiz, también es la dueña de otra macrogranja muy polémica en Balsa de Ves, donde la población y la alcaldesa del pueblo llevan años denunciando los impactos de esta industria. Sin embargo, la empresa ha sido galardonada por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con premios “Cerdo de Oro por Sanidad, Medio Ambiente y Bienestar Animal”.
