La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite una queja presentada por la Asociación Naturalista de Ayora y la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables. Estas organizaciones denuncian el incumplimiento de la normativa comunitaria en la tramitación y aprobación de 25 macroproyectos fotovoltaicos en el Valle de Ayora y áreas colindantes de Albacete.
egún las asociaciones, la fragmentación de estos proyectos ha permitido eludir evaluaciones ambientales exhaustivas y omitir estudios sobre el impacto global en la Red Natura 2000 y otras zonas protegidas. Mònica Picot, presidenta de la Asociación Arba Alto Palancia, señala que «han esquivado la evaluación ambiental ordinaria, más exigente y exhaustiva, cubriendo el expediente con meros informes».
Además, alertan sobre la conversión de tierras agrícolas en polígonos industriales de energías renovables, lo que podría afectar gravemente a la actividad agraria y al turismo rural. Picot advierte que «en algunos municipios, más del 50% de las tierras de cultivo de secano serán ocupadas por estas centrales», lo que podría traducirse en la desaparición de la agricultura y el turismo rural como motores económicos de la zona.
Por su parte, la Conselleria de Innovación e Industria defiende la legalidad de los proyectos y asegura que se han evaluado considerando el conjunto de iniciativas en el entorno. El director general, Manuel Rosalén, afirma que «se han evaluado con conocimiento del resto de proyectos del entorno» y que la proporción de suelo agrícola utilizada es mínima en comparación con el total disponible.
Las organizaciones ecologistas han manifestado su intención de llevar el caso a la vía judicial si la Comisión Europea no atiende su queja. Picot enfatiza: «Nos han llamado zona de sacrificio, pero no lo aceptamos. Vamos a llegar hasta el final».
