Unos 150 expropiados de Parc Sagunt II, sobre cuyos terrenos se construirá la gigafactoría de Volkswagen, se han concentrado este jueves en Puçol, respaldados por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unió Llauradora, para protestar por la “ignominia en el trato de las administraciones hacia los agricultores” y para denunciar que “si no se alcanza una solución urgente, las movilizaciones continuarán de cara a la campaña electoral”.
Un día antes del acto de colocación de la primera piedra de Volkswagen presidido por el rey Felipe VI, los expropiados pretendían quemar una falla reivindicativa pero, al no autorizarles dicha ‘cremà’, han prendido fuego a una caja con carteles de manera simbólica y han decidido donar el ninot a la Comisión Picaio de Puçol que se había quedado sin terminar todo el monumento por incumplimiento del artista.
Bajo el lema ‘Sí a Volkswagen, pero no a costa del bolsillo de los agricultores’, AVA-ASAJA y La Unió han solicitado a la Generalitat Valenciana y el Gobierno central que retiren las demandas interpuestas por la vía Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia y acepten pagar el justiprecio marcado por el jurado provincial de expropiación a los propietarios.
«Pagar menos y más tarde»
Afectados asesorados por ambas organizaciones profesionales agrarias están recibiendo demandas por la vía Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia por parte de Espais Econòmics Empresarials (EEE) –participada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central– porque no acepta el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación, pese a ser un órgano oficial de la propia Administración que goza de los principios de legalidad, veracidad y acierto, y donde están representados expertos cualificados en la materia, tales como un magistrado, un abogado del Estado, un notario, un interventor de Hacienda, un ingeniero agrónomo e incluso un técnico de la Conselleria de Política Territorial.
Afirman que llevar estas expropiaciones a los tribunales no solo supone retrasar los pagos, al menos, tres años que este tipo de juicios suele durar, sino que pretende disminuir la cuantía de los pagos. Debido al cambio de la legislación (en 2007 entró en vigor la llamada Ley del Suelo que limitó el justiprecio de una parcela en función de la productividad o la localización), las indemnizaciones que se pagaron en las primeras expropiaciones de Parc Sagunt II fueron, en líneas generales, la mitad de las que se abonaron en las expropiaciones de Parc Sagunt I (en torno a 40 euros por metro cuadrado). En la actual fase de ampliación, el Gobierno aún ha ofrecido menos dinero a los propietarios (entre 10 y 15 euros por metro cuadrado, según parcelas), por lo que la gran mayoría optó por acudir al jurado provincial y solicitar una valoración alternativa más ajustada al valor real de los terrenos. Este jurado marcó cifras situadas entre las dos propuestas. «No obstante, la Administración sigue considerando la cantidad excesivamente elevada y, en lugar de concluir la negociación, enfanga el conflicto por la vía judicial».
Esta decisión está llegando a situaciones tan surrealistas como una demanda interpuesta a un pequeño propietario para tratar de no abonarle 1.073 euros de diferencia que hay entre la cantidad ofrecida y el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación, de modo que va a costar más el procedimiento judicial que la cuantía por la que se litiga.
Según publica la Plataforma de Contratación del Sector Público, dependiente del Ministerio de Hacienda, EEE ha publicado una licitación con un valor estimado de 700.000 euros para contratar los servicios de asesoramiento y defensa letrada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Asimismo, EEE ya ha adjudicado por otros 95.000 euros la contratación de procuradores para esta misma guerra judicial, siendo el adjudicatario el despacho madrileño María del Mar de Villa. Además del presupuesto asignado, EEE podría derrochar más dinero público si contrata peritos independientes y, en caso de perder los pleitos y ser condenado en costas, debería sufragar los gastos de la defensa de los expropiados y los intereses, en torno al 10% del total litigado, derivados del retraso de los pagos durante los años que dure el juicio.
Las entidades convocantes tachan de “kafkiano y ridículo el teatro que está montando la Administración al recurrir contra la valoración del jurado de expropiación, con amplia presencia de la Administración, y al ofrecer a los expropiados que los defienda la abogacía del Estado si deciden no personarse, que naturalmente pagará con dinero del Estado para enfrentarse a la misma Administración”.
Esta actitud beligerante hacia los agricultores contrasta con la pleitesía que la Administración concede a Volkswagen. Así, antes de que se confirme un justiprecio a pagar a los propietarios, la Generalitat ya ha vendido los terrenos a la multinacional por un precio de 48,9 euros el metro cuadrado (63,66 millones de euros por 1,3 millones de metros cuadrados), una cifra que supone la mitad de lo que tuvieron que pagar otras compañías por zonas cercanas: “La Administración está en su derecho de atraer inversión internacional, pero no debe hacerlo a costa de que lo paguen los propietarios del suelo, sobre todo cuando la gran mayoría son agricultores que están atravesando una dura crisis de rentabilidad y este proceso les arrebata un espacio fértil de alto valor económico”.
