El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de cuatro años de prisión para los máximos responsables de la empresa pública de la Diputación de Valencia Emarsa y un empresario por delitos contra la Hacienda Pública.
El Supremo ha confirmado la sentencia dictada en su día por la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, que ratificaba a su vez la emitida por el Juzgado de lo Penal 6 de Valencia, al entender que contra ella no cabía recurso de casación.
Los condenados en esta pieza separada del caso Emarsa son Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP y exalcalde de Manises: Esteban Cuesta, exdirectivo de esa empresa pública, y Jorge Ignacio Roca, empresario responsable de la gestión de lodos, considerados todos ellos responsables de haber defraudado a Hacienda un total de 1.395.798 euros, cantidad que deberán devolver.
Crespo, que en febrero de 2012 dimitió de sus cargos de alcalde de Manises y de vicepresidente de la Diputación, y Cuesta, que fuera nombrado por la exalcaldesa de València Rita Barberá alcalde pedáneo de Benimàmet, eran consejero delegado y gerente de Emarsa, respectivamente.
En la pieza principal de esta macrocausa de corrupción -cuya sentencia se conoció en junio de 2018- Cuesta fue condenado a 12 años y Crespo a 10 por desviar 23,5 millones de euros de dinero público procedente de esta entidad, que fue a parar a su patrimonio o al de familiares y amigos.
El caso ahora sentenciado castiga otro fraude, este destinado a defraudar a Hacienda con la facturación de Emarsa.
La sentencia señala que se concertaron con el administrador de diversas mercantiles Jorge Ignacio Roca para defraudar a Hacienda un total de 1.395.798 euros mediante devoluciones indebidas de IVA durante los ejercicios tributarios de 2006, 2007, 2008 y 2009.
El mecanismo defraudatorio empleado consistió en interponer entre Emarsa y varias mercantiles proveedoras del servicio de gestión de residuos «un nivel de facturación intermedio que permitía incrementar artificiosamente el precio facturado por dicha gestión, aplicándole a la base imponible un gravamen del 16 % cuando a dicha actividad correspondía el 7 %».
Esa facturación intermedia era realizada por tres empresas administradas por Jorge Ignacio Roca, Erwinin SL, Zonday Investments SL y Printergreen SL.
Los gestores de la empresa pública incluían esas facturas en las declaraciones mensuales y anuales de IVA, «con pleno conocimiento de que dicho proveedor no había prestado servicio alguno a Emarsa» y de que el servicio contemplado en esos documentos «estaba siendo prestado por otra empresa a la mitad de precio y con un tipo de gravamen inferior», añade la resolución.
La titular del Juzgado de lo Penal 6 consideró a Crespo y Cuesta autores de cuatro delitos contra la Hacienda Pública por devoluciones indebidas en las liquidaciones del IVA de Emarsa, mientras que al empresario le condena como cooperador necesario de esos mismos delitos.
La magistrada apreció en todos los casos la atenuante de dilaciones indebidas e impone a cada acusado, por cada uno de los cuatro delitos, un año de prisión, el pago de una multa y la pérdida durante tres años de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como del derecho a gozar de beneficios o incentivos tanto fiscales como de la Seguridad Social.
