El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una resolución en la que ha resuelto la adjudicación del programa de actuación integrada (PAI) de la unidad de ejecución Pous 6 a la empresa adjudicataria por el incumplimiento de los plazos en el desarrollo y la ejecución de esta actuación. La decisión adoptada a instancias del gobierno del PSPV ha contado con el apoyo, también, de Cormpromís y la abstención de Esquerra Unida-Podem, el Partido Popular y Vox.
Entre las decisiones adoptadas por el pleno municipal destacan, además, la asunción por el sistema de gestión directa del citado PAI con un plazo máximo de 5 años desde la aprobación de este acuerdo para incoar el expediente de contratación de las obras de urbanización pendientes y aprobar la liquidación económica en virtud del contrato-convenio con la empresa urbanizador por un valor de 38.343 euros en total.
La liquidación global que deberá abonar la empresa adjudicataria de la actuación urbanística corresponde a la indemnización en concepto de daños y perjuicios por valor de 12.271 euros, otros 23.203 euros en compensación en metálico por el aprovechamiento lucrativo a favor del ayuntamiento correspondiente al 10% del suelo del PAI Pous 6 y, por último, otros 2.884 correspondiente a la garantía definitiva.
El expediente de este programa urbanístico se remonta al año 1997 cuando se presentó una propuesta para el desarrollo de la unidad de ejecución Pous 6 previsto en el plan general de ordenación urbana (PGOU) de 1995 y que, posteriormente, fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en julio de 1999 y con el depósito de una fianza de 1.413 euros por parte de la empresa adjudicataria.
El proyecto de reparcelación y urbanización previsto en esta unidad de ejecución fue presentado, tramitado y aprobado en el pleno de agosto del año 2000, con el detalle de las parcelas resultantes en la unidad de ejecución. De esta forma, se habían tramitado todos los procesos burocráticos necesarios para llevar adelante la ejecución de las obras previstas en el programa urbanístico validado por el pleno municipal.
Sin embargo, en febrero de 2004, el director de ejecución de las obras presentó la renuncia a las mismas y meses más tarde, la mercantil adjudicataria cedió ante notario la condición de agente urbanizador a otra empresa para la ejecución del PAI, refrendado, a continuación, por la correspondiente sesión plenaria. La nueva empresa adjudicataria pide la anulación del anterior estudio de detalle, presenta una nueva reparcelación y, finalmente, el pleno municipal concede su beneplácito.
En el año 2007 se acuerda la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución afectada y se concede la licencia de segregación de las diversas parcelas resultantes en el proyecto. Sin embargo, un informe del técnico municipal de octubre de 2008 resalta la necesidad de acabar las obras y exige información a la empresa, que asegura que en verano del año 2009 estarán terminadas todas las obras.
En el año 2012, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) detecta falta de aportación de documentación por parte de la empresa y declara caducado el expediente de autorización de los vertidos por parte de la unidad de ejecución. Otro informe municipal constata que el importe de las cuotas urbanísticas es superior al presupuesto inicial y la empresa adjunta una nueva memoria que es rechaza por otro informe técnico. En octubre de 2017 se insta a la empresa a presentar un plan de trabajo que desemboca ahora con la resolución de la condición de agente urbanizador.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que esta decisión del pleno municipal “es una nueva prueba del trabajo que debemos realizar desde hace años para resolver todos los problemas recibidos por culpa de una gestión urbanística muy deficiente por parte del Partido Popular, por su dejadez palpable y su escaso rigor y criterio a la hora de diseñar el futuro urbanístico de nuestro municipio”.
