La Policía Nacional ha detenido a seis personas, tres de ellas en Valencia, acusadas de abandonar en España a sus hijos de 16 y 17 años para que fueran acogidos como menores extranjeros no acompañados. Las otras tres detenciones se han producido en Málaga, Melilla y el puesto fronterizo de Tarifa (Cádiz).
Los arrestados, dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años, están investigados como presuntos autores de los delitos de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración ilegal. Según los investigadores, entraban en el país con visado de turista por distintos aeropuertos, dejaban aquí a sus hijos y regresaban después a su país de origen con el resto de la familia.
Las pesquisas arrancaron a principios de año. Agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia, junto a la UCRIF de Alicante, detectaron que se repetía el mismo patrón: jóvenes de 16 y 17 años procedentes de países del Magreb que se presentaban en comisarías de la Policía Nacional o en puestos de la Guardia Civil asegurando que estaban desamparados.
De ese modo, según la Policía Nacional, se aprovechaban de forma fraudulenta del sistema de protección a la infancia para que las instituciones españolas asumieran su tutela, su cuidado y su educación con cargo a fondos públicos.
Unos días de vacaciones antes de acudir a la policía
Los investigadores comprobaron que todos los menores habían llegado con visado de turista por los aeropuertos de Madrid-Barajas, Valencia-Manises, Málaga, Murcia o El Prat de Barcelona. Algunos viajaban con sus padres y otros con toda la familia. Tras pasar unos días de vacaciones, los familiares salían del país y solo entonces el joven acudía a la policía, lo que evitaba que se exigieran responsabilidades a los progenitores.
Los agentes constataron además que los menores procedían de familias acomodadas, ya que el visado de turista exige acreditar medios económicos suficientes para la estancia. En la mayoría de los casos tenían en España familiares mayores de edad, de segundo o tercer grado, con residencia legal, por lo que contaban con una red de apoyo en el país.
Los seis detenidos han sido puestos a disposición judicial.








































