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El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la ordenanza municipal que regulará la adjudicación de las cuatro viviendas sociales existentes actualmente en la localidad y que se destinarán a las familias más vulnerables. Esta propuesta del equipo de gobierno del PSPV ha contado con el respaldo del Partido Popular, Ciudadanos, Compromís, Esquerra Unida y la abstención de Podemos Riba-roja Puede y de Vox.
Según indican fuentes municipales, el articulado refrendado por el pleno municipal constata la necesidad de dar respuesta a las demandas de aquellas personas o unidades familiares que, por diversas circunstancias, han perdido su domicilio habitual. Por ello, el ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha puesto en marcha este programa con las cuatro viviendas que ha cedido la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria).
Las viviendas suponen una solución “inmediata” para afrontar determinadas situaciones difíciles por “emergencia social” de indefensión y desamparo, de forma que constituyen un alojamiento alternativo. Existen dos perfiles de posibles usuarios, aquellos por emergencia social sobrevenida o urgente y aquellos por emergencia social permanente, debido a los recursos de los que disponga la unidad familiar, apuntan desde el consistorio.
Tal y como recalcan las mismas fuentes, la ordenanza regula los criterios de adjudicación de las cuatro viviendas sociales de Riba-roja de Túria y que se sustentarán en razones familiares como el número de miembros de la unidad familiar –monoparental o numerosas, entre otras-, los argumentos sociales como familiares a cargo con discapacidad, dependencia o desahucio, los criterios económicos por el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) o los criterios por ajuste de idoneidad, sobre las características de las viviendas, el número de habitaciones o los metros cuadrados de la misma.
Además, una comisión de valoración se encargará de valorar todas las solicitudes de las viviendas recibidas y que estará compuesta por diversos cargos técnicos del área de Políticas Inclusivas. Este equipo plural y transversal valorará las diversas situaciones de las personas y las unidades familiares para adecuar los recursos habitacionales a la solicitudes y demandas recibidas al efecto.
Cabe destacar que la adjudicación de las viviendas sociales de Riba-roja de Túria tendrá un carácter temporal y rotatorio para los usuarios que resulten adjudicatarios. Por este motivo, el derecho de la ocupación de las viviendas asignadas a cada usuario o unidad familiar tendrá una vigencia inicial de seis meses, que se podrán prorrogar por periodos de seis meses hasta alcanzar un máximo de 18 meses; aclarar desde el Ayuntamiento.
«El departamento de Servicios Sociales realizará un seguimiento de la estancia de cada unidad familiar o usuario en la vivienda concedida con el objetivo de dotarla de los medios y los recursos necesarios para encauzar la situación que les ha llevado a esta situación. Además, se apostará por un programa transversal de contraprestación, con ayudas para encontrar un trabajo o asesorarles en caso de necesidad por recursos formativos, como cursos o planes de formación».
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que estas viviendas “son una herramienta esencial para dotar de recursos habitacionales a aquellas personas o familias que más lo necesitan, por las circunstancias personales de cada uno de ellos; por esta razón, este nuevo reglamento ayudará a dar una cobertura legal a la hora de adjudicar estas viviendas desde el área de Servicios Sociales”.
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