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El ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha redactado un Reglamento de funcionamiento interno en el que regula el teletrabajo que se puso en marcha en marzo del pasado año a causa de la pandemia provocada por el coronavirus y que obliga a reducir al máximo el contacto social y limita la movilidad de las personas como fórmula para evitar una propagación de los contagios.
El reglamento municipal elaborado por los técnicos del ayuntamiento de Riba-roja de Túria e impulsado por el equipo de gobierno del PSPV ha contado con el respaldo de las formaciones políticas en la oposición como el Partido Popular, Ciudadanos, Compromís, Esquerra Unida y de Podemos Riba-roja Puede mientras que la formación Vox ha optado por la abstención.
Desde el decreto del Estado de Alarma de marzo de 2020, el ayuntamiento de Riba-roja, según apuntan fuentes municipales, adaptó el trabajo de los funcionarios y empleados del consistorio a la realidad provocada por la crisis sanitaria con el objetivo de preservar la salud de los propios trabajadores sin que, en ningún momento, se produjese un menoscabo en la prestación normal de los servicios públicos municipales.
El texto legal aprobado señala que el teletrabajo “consigue un mejor y más moderno desempeño del puesto de trabajo a través del fomento del uso de las nuevas tecnologías y la gestión por objetivos, así como contribuir a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral u otras circunstancias personales que lo aconsejen, al conseguir con ello un mayor grado de satisfacción laboral”. Esta modalidad de prestación del servicio garantiza las condiciones exigidas en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad social, privacidad y protección y confidencialidad de los datos, añaden las mismas fuentes.
El reglamento establece y delimita los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados de forma telemática por sus características específicas, así como aquellos que requieren una presencia de los empleados en su desarrollo laboral. Además, se tendrán en cuenta los puestos de trabajo en los que no se empleen determinados medios técnicos para su desarrollo.
De entre los medios que no pueden ser llevados a cabo de forma telemática destacan los puestos de atención e información a la ciudadanía y las oficinas de registro, los puestos ocupados por personal eventual o de confianza, así como los de carácter directivo, la policía local y los puestos de trabajo cuyas funciones conlleven, necesariamente, la prestación de servicios presenciales.
Entre las áreas presenciales, además de la policía local y protección civil, cabe añadir, además, los servicios sociales –ayuda a domicilio, tele-asistencia o atención a la ciudadanía- los empleados del cementerio municipal, la limpieza de los edificios e instalaciones municipales, la brigada de obras y servicios, parques y jardines, alumbrado, servicios de autobús municipal arRibabus y Conectametro, así como conserjes, telefonistas y operarios.
El desempeño del teletrabajo se considera válido como prestación del servicio municipal, tendrá un carácter voluntario, una condición reversible de la modalidad, igualdad de derecho para todo el personal que opten por la presencia o no en el puesto de trabajo, derecho a la desconexión digital para el descanso de los trabajadores y compatible con la reducción de la jornada laboral, recalcan desde el consistorio.
La duración del periodo de tiempo para llevar a cabo el trabajo no presencial será de un año como máximo, prorrogable por otro año más, con un mínimo de un día y un máximo de tres días a la semana, con una jornada de 7 horas diarias de trabajo y una franja de 10 a 13 para estar localizable telefónica o telemáticamente. El consistorio asegura que facilitará los medios y recursos técnicos para llevar a cabo el teletrabajo.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que esta modalidad “se ha impuesto por unas condiciones sanitarias a las que no ha obligado el coronavirus, si bien desde hacía tiempo estábamos estudiando esta fórmula que supone una garantía total entre al conciliación laboral y familiar de los empleados con la garantía de que no merma el servicio que se presta a los ciudadanos”.
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