La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso de apelación en el juzgado número 2 de València interpuesto por la empresa Litoral del Este contra un fallo judicial de finales del mes de julio del año 2021 por el que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria quedaba absuelto del pago de una indemnización de 25 millones de euros por la anulación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos.
El fallo del TSJ valenciano vuelve a ratificar ahora la actuación del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en todo el litigio que ha mantenido con la mercantil Litoral del Este que, auspiciada por el Valencia club de fútbol, pretendía construir una ciudad deportiva en la localidad de Riba-roja de Túria, en el área de Porxinos, además de 2.700 viviendas y un campo de golf en un área de alto valor ecológico, incluida ahora en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria.
Cabe recordar que el proceso judicial tiene su raíz con el convenio que se firmó en el año 2005 entre el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria gobernado por el Partido Popular y la empresa citada para llevar a cabo el programa urbanístico a cambio de 20 millones de euros como contraprestación económica por la tramitación del PAI y su puesta en marcha en un futuro en esta zona del área oeste del término municipal.
Sin embargo, una sentencia primero del Tribunal Superior de Justicia de abril del año 2013 y una posterior de ratificación por parte del Tribunal Supremo del junio de 2016, tras un recurso de la plataforma Salvem Porxinos, declaraba nulos los planes parciales y la homologación del proyecto urbanístico, especialmente por la ausencia de suficientes recursos hídricos en la zona y por la falta de concurrencia y publicidad en el trámite del plan urbanístico. Según aquellas sentencias, tras las denuncias de Salvem Porxinos, se consiguió demostrar
que en la gestión del Ayuntamiento gobernado por el PP y la mercantil del Valencia Club de Fútbol no se respetaron las condiciones que imponía la declaración de impacto ambiental respecto del paraje colindante de les Rodanes y la adjudicación de la urbanización se realizó “a dedo y sin la oferta pública”.
La empresa demandante renunció en el año 2014 a las indemnizaciones económicas por la anulación del PAI a cambio de la tramitación de un nuevo programa más respetuoso con el medio ambiente y con una reducción del número de viviendas. De este modo, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria volvió a tramitar otro plan que, posteriormente, fue rechazado por la Generalitat Valenciana por su impacto ambiental.
El fallo actual del TSJ recuerda que la empresa mercantil impulsada por el Valencia obtuvo plusvalías de más de 130 millones de euros por la venta de terrenos de los terrenos a una nueva mercantil. “Lo que pretende indicar la sentencia apelada en su razonamiento es que no se puede indemnizar un daño que no ha existido”, subraya el fallo de los magistrados del alto tribunal valenciano.
“La empresa demandante no ha sufrido un empobrecimiento en su patrimonio, sino todo lo contrario, sólo esta apreciación nos bastaría para desestimar la acción subsidiaria, el ayuntamiento cumplió con sus obligaciones en la tramitación del PAI, con lo cual opera la renuncia en 2014 a las indemnizaciones que, hipotéticamente, le correspondían; vamos a desestimar el recurso en su totalidad”, enfatiza el fallo del tribunal.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha mostrado su satisfacción “de todo el equipo de gobierno, de las entidades ecologistas, la sociedad civil y todos nuestros vecinos porque, al final, se ha impuesto la lógica, se paralizó entre todo el mundo un plan urbanístico aberrante que sólo pretendía un enriquecimiento a costa de todos los vecinos y que, al final, la justicia ha hecho valer su potestad; como dijimos en contra del criterio del pelotazo, el valle de Porxinos será una zona protegida de alto valor ecológico, y el ayuntamiento no tendrá que devolver ni un euro de pura especulación urbanística”.
Raga ha añadido que el Valencia “está por encima de todos aquellos dirigentes que en su momento querían obtener pingües beneficios económicos a costa nuestra con más de 130 millones de euros, por ello esta sentencia ha hecho justicia a Riba-roja de Túria”.
