El Gobierno de España destaca que ya ha ingresado en las cuentas corrientes de los ayuntamientos afectados por la dana los 1.745 millones de euros movilizados para financiar las obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales y de la red viaria de titularidad provincial que se vieron dañados por el temporal del pasado 29 de octubre.
Con estos fondos podrán poner en marcha más de 370 intervenciones en infraestructuras municipales como centros sociales, plazas y calles, instalaciones deportivas, escuelas infantiles, centros administrativos o mercados y lonjas, así como las obras necesarias en la red viaria. Se ejecutarán en torno a 500 intervenciones en los municipios incluidos en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024, según los cálculos del Ejecutivo.
«En menos de 40 días, los consistorios ya disponen de esta dotación histórica para hacer frente a la reconstrucción tras la catástrofe», resalta el Gobierno central en un comunicado.
El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, afirma que «estamos ante una tragedia sin precedentes que ha tenido una respuesta sin precedentes por parte del Gobierno de España»: «Por primera vez se financia el 100% de los costes de reconstrucción, por primera vez se adelanta la totalidad del importe y por primera vez, en menos de 40 días, estos recursos están en las cuentas de los ayuntamientos».
Además, el representante estatal señala que mantienen reuniones bilaterales con los consistorios para «seguir ayudándoles en todos los trámites necesarios para acelerar al máximo las obras de reparación».
Novedades en la financiación de las obras
Hasta ahora, el Gobierno había asumido con carácter ordinario el 50% de los costes de reparación de infraestructuras municipales dañadas por catástrofes naturales. En la orden del Ministerio de Política Territorial para las subvenciones por la dana, publicada el pasado 3 de febrero, se estableció la financiación del 100% del coste las obras, que se ha entregado por adelantado a los ayuntamientos.
También «por primera vez», se permite que los ayuntamientos firmen un acuerdo con Tragsa para que sea esta empresa pública la que adjudique y ejecute las obras.
Otra novedad es que las infraestructuras se podrán reubicar en zonas del municipio más seguras, así como incluir en ellas mejoras técnicas que aumenten su resiliencia frente al cambio climático. Además, se amplían los plazos ordinarios en las fases para que los ayuntamientos tengan más fácil completarlas.
