El Gobierno central ha ingresado este lunes los primeros 658 millones de euros a 31 de los ayuntamientos afectados por la DANA para financiar las obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales.
Asimismo, en los próximos días se completará el ingreso en las cuentas corrientes del resto de ayuntamientos incluidos en el decreto, hasta alcanzar los 1.745 millones de euros comprometidos para abordar hasta 500 intervenciones, incluyendo la reparación de infraestructuras como mercados, polideportivos, centros culturales, bibliotecas u obras en redes viarias.
El reparto por ayuntamientos es el siguiente: Albalat de la Ribera (1.874.466,47 euros); Corbera (1.023.856,01 euros); Benifaió (597.589,56 euros); Picassent (15.726.307,41 euros); Letur (10.961.823,45 euros); Loriguilla (4.040.075,66 euros); Polinyà de Xúquer (986.472,50 euros); Sollana (10.696.578,43 euros); Siete Aguas (7.600.727,94 euros); Turís (9.450.788,35 euros); Utiel (46.385.969,71 euros).
Continúan la lista Yátova (7.580.702,04 euros); Beniparrell (5.353.301,15 euros); Benicull de Xúquer (280.233,30 euros); Benetússer (48.718.549,83 euros); Calles (3.518.298,17 euros); Fortaleny (235.881,90 euros); Montserrat (27.163.203,42 euros); Alfarb (6.786.085,06 euros); Llocnou de la Corona (185.550 euros); Sueca (1.077.450,36 euros); Paiporta (201.450.522,62 euros); Catadau (2.059.667,86 euros); Macastre (2.383.701,68 euros); Llíria (1.401.786,01 euros); Pedralba (5.136.366,64 euros); Llaurí (26.960 euros); Alfafar (35.307.142,84 euros); Sedaví (41.503.530,85 euros); Torrent (114.490.134,79 euros); Picanya (71.108.466,53 euros).
La financiación en las obras
Hasta ahora, el Gobierno central había asumido el 50% de los costes de reparación de infraestructuras municipales dañadas por catástrofes naturales. En la orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para las subvenciones por la dana se establece la financiación del 100% de las obras, con el añadido de que la totalidad de los costes se entregará por adelantado a las entidades locales.
También, por primera vez, se permite que los ayuntamientos firmen un acuerdo con TRAGSA para que sea esta empresa pública la que adjudique y ejecute las obras. Otra novedad de esta orden es que las infraestructuras podrán reubicarse y añadirse en ellas mejoras técnicas que aumenten su resiliencia frente a fenómenos naturales. Asimismo, se amplían los plazos ordinarios en las diferentes fases, para que los ayuntamientos tengan más fácil completarlas.
