Las promesas del Gobierno de España tras la devastadora DANA que afectó a la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha en 2024 siguen sin materializarse. Cuatro meses después del anuncio de las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME), estos equipos aún no han sido desplegados en el territorio. Además, el compromiso inicial de 14 unidades se ha visto reducido a 9, de las cuales 8 están destinadas a la Comunitat Valenciana y solo 1 a Castilla-La Mancha.
Las USME fueron anunciadas el pasado 11 de noviembre en una nota de prensa del Consejo de Ministros, que aprobó la creación de estos equipos multidisciplinares para atender el impacto psicológico de la catástrofe. Sin embargo, la ejecución del proyecto ha estado marcada por demoras, recortes y una falta de concreción que, según fuentes de la Generalitat, “pone en evidencia la falta de planificación del Ministerio de Sanidad en un asunto tan sensible como la salud mental de los afectados por la DANA”.
El retraso se hizo aún más evidente el 4 de diciembre, cuando la ministra de Sanidad visitó València y, en una reunión en la Delegación del Gobierno a la que no fue invitado el conseller de Sanidad, aseguró que las unidades estarían operativas en febrero. Sin embargo, en reuniones mantenidas con la Conselleria el 26 de diciembre y el 14 de enero, se trasladó que la cifra de equipos se reduciría de 14 a 9 y que el despliegue en terreno se esperaba para marzo, aunque sin garantías.
Un convenio tardío y con errores
A la incertidumbre sobre la dotación de recursos se ha sumado una cadena de errores burocráticos que han retrasado aún más el proceso. El convenio que debía regular la creación de estas unidades, y que implicaba la colaboración entre el Ministerio de Sanidad y la Generalitat Valenciana, no fue remitido a la Conselleria hasta el 24 de febrero a las 19:58 h, más de tres meses después de haber sido anunciado.
Pese a la rapidez con la que la Generalitat respondió—con el conseller firmando el documento en menos de 24 horas y enviándolo de vuelta el 25 de febrero a las 9:00 h—el Ministerio volvió a remitir el convenio el 7 de marzo, alegando errores en su redacción y pidiendo una nueva firma. «El Ministerio ha tardado cuatro meses en formalizar un convenio que ellos mismos anunciaron en noviembre», lamentan fuentes de la Generalitat, que subrayan el sinsentido de estas demoras cuando se trata de atención a personas en situación de vulnerabilidad.
Recursos psicosociales sin plantilla definida
El convenio firmado establece que la Generalitat Valenciana formará parte de la Oficina Técnica de Coordinación de la Emergencia junto a representantes del Ministerio, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fundación Estatal de Salud, Infancia y Bienestar Social. Sin embargo, las USME han sido configuradas como recursos psicosociales y no como asistencia sanitaria, que es competencia de la Generalitat.
Más preocupante aún es que, a día de hoy, sigue sin concretarse cómo se conformarán los equipos humanos que integrarán estas unidades. “No sabemos cuántos profesionales habrá ni con qué perfil, y eso es básico para garantizar una atención efectiva”, alertan fuentes de la Generalitat.
La situación es especialmente alarmante si se tiene en cuenta que el propio Ministerio contempla como primer nivel de actuación de las USME la “respuesta inmediata a la emergencia” mediante la atención a necesidades básicas y los primeros auxilios psicológicos (PAP) para estabilizar a las personas en la fase inicial de shock y trauma agudo. «Si la respuesta debía ser inmediata, ¿cómo se explica que llevemos cuatro meses esperando?», cuestionan desde la Generalitat.
Con marzo avanzando sin certezas sobre el despliegue real de los equipos, la incertidumbre sigue planeando sobre la atención psicológica a las personas afectadas por la DANA. Mientras tanto, las USME siguen siendo, por ahora, una promesa sin cumplir.
