El Ayuntamiento de Borriana ha recuperado los 9.511.946 euros de los fondos públicos de las garantías y apremios por el proyecto del PAI Golf Sant Gregori. Una notificación que el consistorio ha obtenido después de que el pasado mes de noviembre, se aprobara en Pleno la ejecución de la sentencia del TSJCV, haciendo efectiva la retirada de la condición de agente urbanizador de la promotora Urbanización Golf Sant Gregori y la incautación de las garantías para el proyecto, por valor de más 8,5 millones de euros.
El proyecto consistía en una intervención urbanística de unos 2,5 millones de metros cuadrados con un presupuesto de 120 millones de euros, un PAI que estaba previsto que se ubicara al norte de la desembocadura del Clot de la Mare de Déu.
Según el equipo de gobierno de PP-Vox esta situación «supone, a efectos prácticos, volver al escenario de 2016 y anular todas las decisiones tomadas por el anterior equipo de Gobierno, formado por PSPV y Compromís, durante los últimos 8 años». Recuerdan asimismo, que en pleno extraordinario del pasado mes de febrero se aprobó también la inadmisión del recurso interpuesto por la entidad avalista del proyecto PAI Sant Gregori, como sucesora de Bankia, y que exigió un nuevo plazo para la reposición de estos fondos públicos, en favor del Ayuntamiento de Burriana, por un total de 9,5 millones.
Paralelamente a todo este proceso, el Consistorio afirma que iniciará en breve una peritación por parte de una empresa externa para conocer el estado exacto de ejecución del PAI, defender los intereses de los propietarios afectados y tener la información precisa, con el objetivo de liquidar a la antigua empresa urbanizadora que actualmente se encuentra en fase de liquidación. Para ello, se ha licitado un contrato para la comprobación y verificación de las obras realmente ejecutadas de la Urbanización Golf Sant Gregori, y que hasta la fecha en la que adquiere firmeza la sentencia del TSJCV, anulando el acuerdo transaccional, según documentación aportada por el antiguo Agente Urbanizador el porcentaje de obra ejecutada del 7,8403 %, de los casi 120 millones de euros del proyecto, que «ahora se van a comprobar de forma minuciosa».
«Mientras el anterior equipo de Gobierno entregó los fondos públicos a la urbanizadora amparándose en un Acuerdo Transaccional que ha resultado ilegal, tal y como dice la sentencia del TSJ, nosotros hemos peleado, junto con los técnicos municipales, desde el primer minuto por recuperarlos. Unos recursos que van a servir para hacer frente a todas las reclamaciones provenientes de Sant Gregori», ha explicado el concejal de Obra Pública, Juan Canós. Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí ha valorado que «es una excelente noticia y un alivio para todos ciudadanos de Burriana que refuerza la decisión de dotar de la máxima seguridad jurídica al proyecto apoyándonos en el criterio de los técnicos municipales. Un PAI que recibimos paralizado y judicializado y que ahora da un paso más para salir adelante por el bien turístico de nuestra ciudad».
