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La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Javier Berasaluce (PP) y seis para Santiago Arévalo (PP) y Óscar Martínez (PSPV)
Los exalcaldes de Requena javier Berasaluce (PP) y de Enguera Santiago Arévalo (PP) y Óscar Martínez (PSPV), se sentarán en el banquillo de la ‘pieza k’ del caso Taula. Esto se debe a que el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha abierto jucio oral a estos tres exdirigentes, otras dos personas más y dos entidades –en calidad de responsables civiles– en el caso relativo a supuestas irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera durante el año 2013 por servicios que presuntamente no fueron prestados.
Entre los acusados están también Fernando Palomares, administrador de la empresa Servimun, y Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent (autodenominado como ‘el yonki del dinero’) –quien fuera gerente de la empresa pública Imelsa y uno de los principales investigados en el caso Taula–.
Esta pieza se ha centrado en los contratos de los ayuntamientos de Requena y Enguera con las sociedades Servimun y Técnicas Legales Administrativas, ambas vinculadas a estos dos últimos. El juez sostiene que, con consciente intención, los acusados desvirtuaron procesos de adjudicación de servicios en ambos consistorios para evitar la concurrencia real de empresas y favorecer a las citadas sociedades. Los procesos se tramitaron mediante procedimiento negociado sin publicidad y, de acuerdo con el magistrado, manipularon las condiciones de concurrencia.
La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Berasaluce; seis para Arévalo y Martínez; y once para López y Palomares. En su escrito de acusación, sostiene que los dos últimos se sirvieron de las sociedades Servimun y Técnicas Legales Administrativas «para sus intereses defraudatorios».
En el caso de Requena, los investigadores consideran que se pretendían contratar los servicios externos para el apoyo al Ayuntamiento, en su actividad inspectora, al objeto de aflorar deuda oculta, relacionada con los ingresos de derecho público relativos al Icio y al IAE. Así, la causa apunta a que en la documentación del expediente no se acredita la motivación técnica de la elección de las empresas. El gasto se estimó inicialmente en 30.025 euros, pero el gasto ejecutado de la contratación ascendió a 178.300 euros.
Las facturas que posteriormente libró al consistorio Técnicas Legales Administrativas no tenían causa en servicios o prestaciones efectivas. El juez y la Fiscalía concluyen que la empresa era, en realidad, instrumental y que los beneficios económicos iban a parar a Servimun.
En Enguera ocurrió exactamente lo mismo, de acuerdo con los investigadores. A lo que se añadía que, por ejemplo, el pago de una de las facturas se informó desfavorablemente por el tesorero del Ayuntamiento pero aun así se abonó. En total, se llegaron a pagar 21.780 euros.
Anticorrupción afirma que todo se hizo para «favorecer los intereses económicos» de Fernando Palomares y Mariano López gracias a la «adjudicación concertada» entre los entonces alcaldes de los municipios, que supuso el incumplimiento de los principios de contratación pública.
Así, acusa por los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la administración, falsedad el documento mercantil, falsedad en documento oficial y negociación prohibida a los funcionarios.
