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La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha concedido subvenciones a 15 proyectos de localización, exhumación e identificación de personas enterradas en fosas comunes en la Comunitat Valenciana.
El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha concedido subvenciones a 15 proyectos de localización, exhumación e identificación de personas enterradas en fosas comunes en la Comunitat Valenciana.
Concretamente, en la Comunidad Valenciana los municipios donde se van a realizar estos proyectos de exhumación son Bigastro, Chelva, Chera, Elda, Godella, Lliria, Pego, Valencia, Vilafranca, Vila-Real, Vinaròs, Vistabella del Maestrat y Viver.
También han sido aprobadas subvenciones para otros dos proyectos de recuperación de la Memoria Democrática. Estas ayudas proceden de una doble vía.
Por un lado, el pasado mes de diciembre fueron adjudicadas directamente por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática cuatro subvenciones a través de la Orden PCM/725/2020, de 27 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión las mismas.
Las ayudas determinadas por esta Orden están destinadas a asociaciones, fundaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro, además de a universidades y organismos públicos de investigación, así como a las agrupaciones de personas físicas que tengan incorporados entre sus objetivos o actividades los relacionados con la recuperación de la Memoria Democrática y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.
Estas dos líneas de ayuda conforman un plan de choque puesto en marcha por el Gobierno en el ámbito de la recuperación de la memoria democrática en el que ha invertido 1,5 millones de euros, de los que 1,2 millones van a ser destinados a labores de exhumación.
Este plan pretende ser una fase transitoria hasta se ponga en marcha el Plan Cuatrienal de búsqueda de personas desaparecidas durante el Golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura, que cuenta con una financiación en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de un total de cuatro millones de euros, tres para las comunidades autónomas y uno para las entidades locales, a través de la FEMP.
Con estas ayudas, el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, revierte la situación que se había creado en 2013, cuando el Ejecutivo del Partido Popular decidió dejar sin presupuesto las políticas de memoria histórica. Además, el Gobierno da un importante impulso a las políticas de memoria en España, un compromiso que se ve, además, sustanciado en la nueva Ley de Memoria Democrática, que tiene que ser aprobada en las Cortes.
