Este miércoles comienza un largo juicio en la Audiencia Provincial de Valencia, que se extenderá en diversas sesiones hasta el 26 de octubre, en el que se juzga a cinco personas por los delitos de tráfico de drogas, falsificación de documentos, conducción sin permiso, falsedad en documento oficial y blanqueo de capitales, y a otras tres personas, dos agentes de la Policía Nacional de Valencia y uno, Guardia Civil en prácticas del Puesto Principal de Carlet, por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.
Los hechos comenzaron a partir de una investigación realizada sobre dos de los procesados quienes, según la Fiscalía, se dedicaban de manera conjunta a traficar con cocaína en la provincia de Valencia. Durante las vigilancias y seguimientos policiales, se determinó que los encausados movían grandes cantidades de dinero y droga desde varios domicilios, en Valencia y en Alcàsser.
En marzo de 2021 se procedió a las entradas y registros de los inmuebles y los vehículos de los acusados, donde se localizó un kilogramo cocaína, entre otras cantidades de droga, y diferentes cantidades de dinero procedente de las actividades ilícitas.
En abril del mismo año, se repitieron las entradas y registros en una vivienda de Alboraya, donde se localizaron documentos nacionales de identidad de varias personas, que habían sido robados o extraviados y que los encausados usaban para diferentes gestiones como dar de alta líneas telefónicas o comprar terminales.
Entre los años 2018 y 2021, los procesados introdujeron en el circuito bancario e invirtieron las ganancias obtenidas por el tráfico de drogas mediante ingresos como el abono de siete premios de lotería, o gastos comooperaciones inmobiliarias o compra de una licencia de taxi.
Según mantiene la acusación pública, los dos Policías Nacionales y el agente de la Guardia Civil realizaban consultas en bases de datos policiales a petición del principal procesado. La Fiscalía pide para los encausados penas que oscilan entre uno y diez años de prisión. Para cada uno de los tres agentes, solicita tres años de prisión y ocho de inhabilitación.
