El Ayuntamiento de Burriana ha anunciado la creación de un nuevo Plan Económico Financiero debido a la reactivación de las reglas fiscales por parte del Gobierno de España. Esta medida se adopta a pesar de que el consistorio ha cerrado el último ejercicio con un saldo positivo de más de 4,3 millones de euros.
Alejandro Clausell, concejal de Hacienda, ha detallado que la situación actual es consecuencia directa de decisiones gubernamentales. “El señor Sánchez ha reactivado las reglas fiscales sin ofrecer margen de maniobra ni dotar a los ayuntamientos de herramientas básicas, como los Presupuestos Generales del Estado, que aún no han sido aprobados”, ha afirmado. Además, ha recordado que el Ayuntamiento de Burriana no ha recibido más de 6 millones de euros que el Gobierno central mantiene retenidos, correspondientes a los ejercicios de 2023, 2024 y 2025.
Los incrementos en los precios de los contratos públicos, el desfase en la ejecución de inversiones financiadas externamente, especialmente con fondos europeos, y la falta de cobertura en plazas vacantes han influido en el gasto permitido. También se ha visto afectada la reducción de financiación por parte de otras administraciones en programas de empleo y el aumento de los costes financieros por el pago de intereses. Para abordar esta situación, el consistorio ha decidido amortizar más de 4,3 millones de euros de deuda en el presente ejercicio.
Clausell ha subrayado que en 2024 se ha incrementado la inversión pública, así como el personal y el gasto corriente en comparación con 2022 y 2023, lo que ha contribuido a la dificultad en cumplir con la regla de gasto. Este plan no compromete la estabilidad financiera del Ayuntamiento, que ha finalizado el ejercicio con un saldo positivo de 4.396.785,34 euros.
La elaboración del Plan sigue los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Clausell ha señalado que “este plan no es una alerta ni una corrección por mala gestión; es una exigencia legal derivada de una situación impuesta desde el Gobierno central, y adoptada por responsabilidad”. Asimismo, ha remarcado que “en lugar de castigar a los municipios, deberían dotarnos de los recursos que nos corresponden.”
