El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido una reunión con los presidentes de las diputaciones de València, Alicante y Castelló en la que se ha abordado la necesidad de que la administración autonómica asuma las competencias impropias que actualmente recaen sobre las corporaciones provinciales, especialmente se ha dialogado sobre áreas como la sanidad y la educación.
En el caso concreto de la provincia de València, el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, y el jefe del Consell han acordado trabajar conjuntamente para transferir servicios que, pese a ser de ámbito autonómico, siguen bajo gestión provincial. Para supervisar esta transición y resolver cualquier incidencia, se ha propuesto la creación de comisiones mixtas que establecerán indicadores de rendimiento y calidad. Este traspaso afectará a centros neurálgicos como el Hospital General de València, el Hospital de Salud Mental de Bétera, la Escuela de Formación Profesional de la Misericòrdia y el IVAF, bajo la premisa de que resulta una cuestión de sentido común integrar estos recursos en la red pública de la Generalitat.
Por su parte, la provincia de Alicante también ha marcado hitos en este proceso de asunción de competencias, destacando el acuerdo para convertir el centro Doctor Esquerdo de San Juan en un espacio integral de atención sanitaria en el ámbito de la salud mental. Pérez Llorca ha confirmado que, si se cumple la planificación prevista, este mismo año se iniciarán las obras por parte de la Diputación para adaptar el edificio, permitiendo así que la Generalitat asuma esta competencia históricamente impropia de la institución provincial y fortalezca el sistema sanitario con un mayor número de camas disponibles.
En cuanto a Castelló la transferencia abordada ha sido la de la gestión del Hospital provincial, en circunstancias análogas al General de València.
La Generalitat ha afirmado que la integración de los hospitales provinciales en la red pública autonómica es un objetivo prioritario para el Consell, aunque para centros como los de València y Castellón se ha puntualizado que la medida requiere la colaboración del Gobierno de España.
