La Generalitat Valenciana ha concedido 22.742 ayudas a personas afectadas por la destrucción de sus vehículos durante la riada del pasado 29 de octubre, un proceso que se ha gestionado en tiempo récord gracias al Plan Simplifica. Estas ayudas, impulsadas por la Conselleria de Hacienda y Economía, dirigida por Ruth Merino, han supuesto hasta ahora un desembolso de 43,1 millones de euros.
El plazo para solicitar estas ayudas se abrió el pasado 17 de enero, y desde entonces la Generalitat ha recibido más de 60.000 solicitudes. Según los datos oficiales, la Generalitat ha multiplicado por ocho el número de solicitudes recibidas en comparación con el gobierno central, que, pese a haber anunciado un paquete de ayudas el pasado 27 de noviembre, no ha tramitado ni concedido ninguna ayuda en la provincia de Valencia hasta la fecha, según afirman desde presidencia de la Generalitat.
Detalles de las ayudas
Las ayudas están destinadas a personas físicas, tanto particulares como autónomos, que hayan perdido vehículos asegurados declarados como siniestro total debido a las inundaciones.
Las cuantías de las ayudas varían en función del tipo de vehículo siniestrado: 250 euros para ciclomotores, 750 euros para motocicletas, 2.000 euros para turismos, furgonetas y vehículos similares, y 2.500 euros para turismos y furgonetas adaptados para personas con movilidad reducida.
Los beneficiarios no están obligados a comprar un nuevo vehículo, y si una persona tenía varios vehículos afectados, puede solicitar la ayuda para cada uno de ellos. Además, las ayudas están exentas de tributación y forman parte de la estrategia fiscal de la Generalitat, que incluye la bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vehículos de segunda mano. Los solicitantes solo deben justificar la baja temporal del vehículo en la Dirección General de Tráfico (DGT) y comprometerse a tramitar su baja definitiva antes del 31 de diciembre.
La Generalitat atribuye el éxito de esta gestión al Plan Simplifica, liderado por Francisco Ortega, que ha trabajado estrechamente con la Agencia Tributaria Valenciana, dirigida por Sonia Díaz, y con la Conselleria de Hacienda y Economía. Este modelo de coordinación entre departamentos ha permitido tramitar y pagar las ayudas en un tiempo sin precedentes, demostrando la eficacia del sistema administrativo valenciano en situaciones de emergencia.
Esta gestión contrasta con las ayudas anunciadas por el gobierno central el 27 de noviembre, que contemplaban la financiación de vehículos nuevos para las personas afectadas por la riada. Hasta ahora, el gobierno central ha recibido apenas 7.500 solicitudes en toda España y no ha pagado ninguna ayuda en la provincia de Valencia, según los datos que maneja la Generalitat. Según las últimas informaciones, la administración central sigue revisando la documentación de los concesionarios adheridos al plan, que ascienden a 1.367, lo que ha ralentizado el proceso.
La Generalitat ha destinado un importe inicial de 250 millones de euros a esta línea de ayudas urgentes, diseñada para cubrir las necesidades inmediatas de las personas afectadas. Este programa no solo compensa económicamente la pérdida de vehículos siniestrados, sino que también ofrece un apoyo real a la movilidad de los damnificados.
