Continúan las críticas desde la Generalitat Valenciana a la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por su papel durante la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre. Fuentes del Consell subrayan que, mientras Bernabé aseguraba públicamente esa mañana que «la Confederación del Júcar tiene monitorizados absolutamente todos los espacios», la realidad demostró un grave fallo en la vigilancia de los caudales, especialmente en el barranco del Poyo, cuya crecida, sin previo aviso, provocó la mayor parte de los daños y víctimas mortales de la jornada.
Desde la Generalitat recalcan que ni la Delegación del Gobierno ni la Confederación Hidrográfica del Júcar detectaron ni comunicaron el aumento del caudal de este barranco, que llegó a cuadruplicar el caudal del Ebro. «¿Cómo es posible que no se alertara de un desbordamiento de tal magnitud si estaba todo monitorizado?», cuestionan fuentes del Ejecutivo autonómico, que destacan el error de diagnóstico de las zonas de riesgo señalado por Bernabé en sus declaraciones públicas.
Ese mismo día, la delegada del Gobierno apuntó a zonas como la Ribera, Carcaixent o Rafel Guaraf como las áreas de mayor peligro, sin mencionar en ningún momento a l’Horta Sud ni a l’Hoya de Buñol, comarcas que terminaron siendo las más afectadas por la crecida de barrancos y ríos. Tampoco hizo referencia al riesgo del barranco del Poyo ni del río Magro, claves en el desarrollo de la catástrofe.
Desde el Consell consideran que estos hechos reflejan una falta total de control y previsión por parte de la Delegación del Gobierno, a la que acusan de lanzar mensajes de tranquilidad a la población mientras la emergencia se agravaba sin que se activaran las alertas necesarias.
