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La pandemia ha llevado a muchas personas a la bancarrota y la ley les ofrece una solución para rehacer su vida
Dicen que de los malos momentos se aprende el doble que de los buenos. Que si la piel es una armadura, esta sufre más con el viento de cara que con la brisa a favor. Y que si hay pequeños libros que contienen grandes historias, también hay pequeñas historias que bien merecen un gran libro detrás. Porque todo el mundo tiene algo que contar. Y más aún cuando viene de atravesar una etapa delicada.
De malos momentos, precisamente, se puede hablar y mucho en estos últimos meses. Pandemia, cuarentena, estado de alarma… Toda esta terminología que por desgracia ha pasado a caracterizar el día a día en el que vivimos ha dejado un poso social inolvidable, con una serie de historias que por el análisis constante de los datos y de la evolución sanitaria no han recibido la atención que merecen.
Es el caso, por ejemplo, de aquellos autónomos que hace años emprendieron e iniciaron un proyecto personal que por culpa de la pandemia se ha ido a pique y ahora coquetean con la insolvencia. El caso también de trabajadores que mantenían un nivel de gastos fijos elevados y que por culpa de un proceso de ERTE o ERE sus ingresos se han visto reducidos sustancialmente y llevan ya bastantes meses que no podían pagar sus deudas. O la situación de negocios dedicados a la hostelería o al turismo que directamente han sido incapaces de seguir afrontando sus facturas y los números rojos han arrasado con su viabilidad.
¿A qué se pueden aferrar estas personas?
Cuando uno toca fondo, ya sólo se puede ir hacia arriba. La angustia por la que muchas de estas personas están atravesando les empuja a buscar soluciones con más ahínco que nunca y es precisamente en esa búsqueda donde están encontrando vías de escape a estos problemas. La más sonada y que más popularidad está adquiriendo se encuentra dentro del entramado legal español y su nombre es la ley de segunda oportunidad.
Para aquellos que la desconocen, básicamente lo que esta ley permite es que aquellas personas que están en una situación de bancarrota y deban una gran cantidad de dinero, generalmente de cantidades superiores a los 15.000 euros, tengan la posibilidad de que sus deudas sean perdonadas y poder empezar literalmente de cero.
De esta manera, dispondrán de una segunda oportunidad -de ahí el nombre de la ley- tras haber estado sumidos en un proyecto personal fallido o después de no haber podido soportar el número de facturas al que tenían que hacer frente. Además así, podrán arriesgarse a nuevas iniciativas en el futuro sin tener que arrastrar una losa en forma de deuda que nunca podrán satisfacer y que les impedirá tener margen de maniobra para acometer cualquier tipo de operación económica en el futuro.
Para poder pulsar este botón y resetear su situación económica, será necesario que estos deudores no cuenten con una deuda mayor a los cinco millones de euros. Además también se mirará con lupa que no cuenten con delitos socioeconómicos a sus espaldas, algo que servirá para acreditar que la deuda se contrajo de buena fe y sin cometer irregularidades con hipotéticos trabajadores de la empresa o con instituciones como la Hacienda Pública o la Seguridad Social.
Superado este filtro previo caben dos posibilidades. La primera es encontrar una solución extrajudicial, con un plan de pagos que se ajuste al solicitante y que permita a esta persona vivir dignamente. Para ello se establecerá una quita -reducción- importante, en torno al 75%, del total de la deuda y se tratará de alcanzar un pacto con los acreedores sobre la cantidad a pagar mensualmente hasta liquidar la deuda. Esta opción es interesante en aquellos casos donde el deudor desee conservar alguno de sus bienes, como puede ser una vivienda que se encuentra bajo un crédito hipotecario.
Si en cambio no existe ningún tipo de posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes por la absoluta insolvencia del solicitante, o la propuesta no es acorde a sus posibilidades y se desea intentar alcanzar el perdón del total de la deuda, la otra opción es recalar en la fase judicial. Será de esta forma, a través de una sentencia judicial, donde se decida que dicha persona ha logrado la cancelación de todas sus deudas y puede empezar de cero. Teniendo en cuenta, eso sí, que sólo podrá beneficiarse de la exoneración de pagos una vez cada diez años.
