El Ayuntamiento de Torrent ha aprobado por unanimidad la mayor rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la historia del municipio, situando el tipo de gravamen en el mínimo legal permitido de cara a 2027. Esta medida busca aliviar la carga económica que supondrá para los vecinos la inminente aplicación de la nueva tasa de residuos, obligatoria por normativa estatal.
La modificación fiscal supondrá que el IBI urbano y rústico descienda del actual 0,49 % al 0,40 %, lo que se traducirá en un ahorro global estimado de casi 3,5 millones de euros anuales para los contribuyentes de la localidad. Se trata de la tercera reducción consecutiva de este tributo durante el actual mandato municipal, acumulando una caída del 25,2 % respecto a los valores vigentes en el año 2023.
«Hoy aprobamos una decisión que permitirá que cerca de 3,5 millones de euros al año se queden en los bolsillos de los torrentinos y torrentinas», ha subrayado la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado. Folgado ha explicado que, ante la carga económica de la tasa de basura, han optado por reducir hasta el límite legal el impuesto municipal sobre el que tienen margen de actuación. Además, ha agradecido el respaldo de todos los grupos políticos y del concejal no adscrito para sacar adelante de forma conjunta este acuerdo.
Un respiro frente al impuesto de residuos
El descenso tributario beneficiará a los propietarios de viviendas, locales comerciales, oficinas, naves industriales y terrenos rústicos. Aunque esta rebaja no elimina la obligación de abonar la nueva tasa de basura, exigida por la Ley 7/2022 del Gobierno central para financiar de forma específica la gestión de los residuos, sí pretende moderar la presión fiscal general sobre los habitantes de Torrent.
Esta reducción de ingresos representa un importante esfuerzo para las cuentas locales. «Queremos que los ciudadanos paguen menos por sus inmuebles», ha destacado la concejala de Hacienda, Sonia Roca, quien ha asegurado que trabajan para que este ahorro ciudadano sea plenamente compatible con el equilibrio presupuestario y el mantenimiento de los servicios públicos. Tras recibir el visto bueno provisional del pleno municipal, la ordenanza fiscal inicia ahora su periodo de exposición pública antes de su aprobación definitiva y entrada en vigor el próximo año.
