La jueza que instruye en Catarroja la causa de la dana ha ordenado este jueves, justo dos años después de la riada, que el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia entregue en cinco días todos los registros de las unidades de bomberos forestales que el 29 de octubre de 2024 se encargaron de medir el nivel del agua en los cauces. En su auto, la magistrada subraya que para esa tarea solo se movilizaron dos unidades, la de Alzira y la de Buñol.
La titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia, Nuria Ruiz Tobarra, atiende solo una parte de lo que pedía una acusación particular. Esa acusación también quería que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat detallara qué puntos se controlaron, quién dio las órdenes y a qué hora, y que se identificara y citara como testigos a los responsables operativos. La jueza rechaza esas diligencias porque considera suficiente lo que ya consta en la causa.
A juicio de la magistrada, el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones atribuye al Centro de Coordinación de Emergencias el control de los barrancos, y esa vigilancia debía haberse extendido al mayor número posible de efectivos. Según el auto, sin embargo, no se recurrió a los agentes medioambientales ni a las unidades de prevención de incendios de la Conselleria de Medio Ambiente, ni a más bomberos forestales.
La resolución recuerda además lo que ocurrió la víspera. El 28 de octubre, a las 13:16 horas, el registro del Coordcom recogía una petición para que agentes medioambientales y UPI vigilaran de forma más exhaustiva barrancos, ramblas y zonas inundables. Esa petición se anuló a las 14:05 con el argumento de que en ese momento no había ningún cauce en riesgo.
El día de la riada, la unidad de Buñol salió a las 13:05 para leer las escalas del barranco del Poyo en la zona de Riba-roja de Túria y Cheste. Es el tramo alto de la cuenca, el que permite anticipar la llegada del agua a Torrent, Picanya y Paiporta. La unidad fue desmovilizada a las 14:43. La de Alzira se dirigió a las 13:06 a la escala del puente de Carlet, en el río Magro.
La jueza destaca que los técnicos advirtieron a los investigados de la necesidad de vigilar el Magro y el Poyo en dos momentos grabados en vídeo. El primero fue a las 12:32. En el segundo, a las 13:56, explicaron que el peligro venía del caudal que bajaba hacia localidades donde no llovía. Según el auto, la entonces consellera Salomé P. T. llegó a anotar a mano «alerta hidrológica», «Bomberos Forestales» y «Barrancos».
La magistrada considera difícil de entender que no se mantuviera un control permanente de los recursos de vigilancia cuando el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio A. T., escribió a las 14:44 en un chat de la Conselleria que «los barrancos están a punto de colapsar». En su opinión, ese control le correspondía como director del plan antes de la reunión del CECOPI de las 17 horas: en las situaciones 0 y 1 y en la preemergencia del día 28.
El auto añade que los barrancos de Horteta y Gallego, tributarios del Poyo, no tienen sensores y desembocan en él aguas abajo del medidor de la A-3. Según un testigo, el agua caída en la cabecera de Turís tardaba como máximo dos horas en llegar a Horteta, a su paso por Torrent.
La resolución recoge también testimonios de familiares que sitúan entre las 16:45 y las 17 horas la llegada del agua que costó la vida a dos matrimonios en sus casas de Torrent. Cita además avisos al 112 desde Chiva a las 16:40 y desde Turís a las 17:18.
El Consorcio tiene cinco días para remitir la documentación. Contra el auto cabe recurso de reforma en tres días o de apelación en cinco. La causa investiga presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, y en ella figuran como investigados Salomé P. T., Emilio A. T. y Carlos Arturo M. G.
