LA UNIÓ Llauradora i Ramadera alerta de que la sequía y la elevada presión del abejaruco provocarán una merma de más del 40 % en la producción de miel de la Comunitat Valenciana, en un año especialmente complicado para las explotaciones apícolas.
Según la organización, la falta de floración, la mayor mortalidad de abejas y el aumento de los costes de alimentación, manejo, traslado y reposición de enjambres ponen en riesgo la continuidad de muchas explotaciones. Casi el 99 % de las colmenas valencianas son trashumantes, por lo que necesitan desplazarse en busca de floraciones y soportan costes crecientes. La Comunitat cuenta con 2.440 explotaciones apícolas y 271.557 colmenas censadas. “Cada colmena que se muere, y estos días en la Comunitat Valenciana están muriendo a miles, el apicultor pierde 120 euros”, explica el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris.
LA UNIÓ ha vuelto a trasladar a la Conselleria de Agricultura la afección del abejaruco sobre los asentamientos apícolas, que en 2026 ha sido excepcionalmente elevada en algunos puntos. Recuerda que ya lo advirtió en octubre de 2023, cuando pidió medidas de prevención y compensación y un protocolo oficial, y que en febrero de 2024 reclamó una ayuda directa. “Han pasado tres años desde la primera petición y seguimos sin una respuesta”, denuncia.
La organización explica que la presencia continuada del abejaruco no solo provoca depredación directa: también tiene un efecto disuasorio que reduce el pecoreo y la entrada de néctar y polen. Las colonias consumen sus reservas, la cría se alimenta peor y los enjambres se debilitan, sobre todo cuando ya soportan sequía, escasez de floración y otros factores sanitarios y climáticos.
LA UNIÓ recuerda que la Orden 8/2023, de 20 de abril, que regula las ayudas de intervención en el sector apícola valenciano, prevé financiar medidas preventivas frente al abejaruco cuando exista un protocolo oficial autorizado, y pide a la Generalitat que lo desarrolle y apruebe. Reclama además una línea estable de ayudas para compensar daños y financiar prevención, con prioridad para las explotaciones profesionales, y un programa de investigación y seguimiento que determine qué sistemas disuasorios funcionan.
Entre las medidas subvencionables pide mallas y estructuras de protección y sistemas acústicos o visuales autorizados, junto con un procedimiento sencillo para acreditar daños, adaptado a las explotaciones trashumantes. La organización subraya que proteger al abejaruco y apoyar la apicultura son compatibles y que no plantea control poblacional ni actuaciones sobre los nidos.
