La Generalitat Valenciana ha autorizado la construcción de la planta fotovoltaica “PSF Agullent Buenos Aires”, promovida por Besolar Energy SL, que se ubicará en terrenos de los municipios de Agullent y Benissoda. La resolución, publicada este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, otorga la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y aprueba el plan de desmantelamiento y restauración del terreno afectado.
La instalación tendrá una potencia de 5.180,56 kWp en módulos fotovoltaicos y una potencia instalada de 4.290 kWn, limitada a 4.250 kW de acceso a la red. El proyecto contempla la instalación de 8.932 módulos solares de 580 Wp y 13 inversores de 330 kVA. El presupuesto global asciende a 2,94 millones de euros.
La planta se situará en la parcela 85 del polígono 5 de Agullent y en la parcela 39 del polígono 5 de Benissoda. La evacuación de la energía se realizará mediante una línea subterránea de media tensión de 20 kV, conectada a la red de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, en la línea Agullent-Albaida de la subestación de Ontinyent.
Uno de los puntos más relevantes de la resolución es la declaración de utilidad pública de parte de la infraestructura de evacuación, lo que implica la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados. El anexo del DOGV recoge afecciones sobre caminos públicos del Ayuntamiento de Agullent, terrenos de la Parroquia de San Bartolomé Apóstol, parcelas privadas y otros tramos de caminos y calles.
Durante la tramitación del expediente se presentaron alegaciones. Entre ellas, el DOGV recoge la oposición de una persona que alegó que su negocio rural se encuentra a menos de 80 metros de la planta generadora y que el proyecto podría provocar impactos paisajísticos, ambientales y socioeconómicos. También el Ayuntamiento de Agullent planteó reparos sobre el trazado de la línea subterránea por caminos municipales, al considerar que podría entrar en conflicto con las normas urbanísticas locales, proyectos futuros de urbanización y bienes del Patrimonio Cultural Valenciano.
Según la resolución, el proyecto ha incorporado cambios respecto a versiones anteriores. Entre ellos, la reducción de potencia instalada de 4,515 MW a 4,29 MW, la reordenación interna de módulos y la eliminación de paneles en zonas con arbolado o relieve significativo. La administración considera que estas modificaciones reducen la ocupación y el impacto paisajístico y territorial.
La planta fue sometida a evaluación ambiental simplificada. El informe ambiental concluyó que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y que no requiere una evaluación ordinaria, siempre que se cumplan las medidas preventivas, correctoras y compensatorias fijadas.
La autorización incluye condiciones sobre integración paisajística, escorrentías, zonas inundables, mantenimiento de bancales, permeabilidad del terreno, vegetación y características del vallado perimetral. En el caso de Benissoda, la compatibilidad urbanística queda condicionada a que la instalación no invada determinadas subparcelas afectadas por el PATFOR.
La resolución también aprueba el plan de desmantelamiento de la instalación, con un presupuesto de 326.025 euros, y exige al promotor una garantía económica de 85.000 euros antes de solicitar la autorización de explotación provisional.
La autorización autonómica no sustituye a la licencia urbanística municipal, que deberá tramitar la empresa. Además, al tratarse de una actuación en suelo no urbanizable, el promotor deberá abonar el correspondiente canon de uso y aprovechamiento, que fijará el ayuntamiento en la licencia.
Besolar Energy dispone ahora de un plazo máximo de 11 meses desde la notificación de la resolución para solicitar la autorización de explotación de la planta. La resolución no agota la vía administrativa y puede ser recurrida en alzada ante la Dirección General de Energía y Minas.
