La Unió Llauradora ha presentado con carácter urgente una propuesta a la Conselleria de Agricultura para activar una línea de ayudas directas destinada a los viticultores profesionales de la Comunitat Valenciana. La organización agraria alerta de un arranque de campaña crítico, marcado por ofertas de compra de uva con precios en varios casos inferiores a los de la temporada anterior.
La propuesta plantea una asignación básica de 1.000 euros por explotación más 300 euros por hectárea, fijando un tope máximo de 6.000 euros por beneficiario. Con esta medida se busca frenar el impacto del incremento en los costes de producción, la volatilidad del mercado y los daños acumulados por las adversidades climáticas.
Un problema estructural: 5.000 hectáreas perdidas en una década
Desde la organización insisten en que la crisis no es puntual. Según datos del Registro Vitícola del Ministerio de Agricultura, la superficie de viñedo en la Comunitat Valenciana se ha reducido de 60.031 hectáreas en 2015 a 55.019 en 2025, lo que supone un descenso del 8,3% (5.012 hectáreas menos) en apenas diez años.
Esta pérdida paulatina de masa crítica no solo compromete la viabilidad de bodegas y cooperativas, sino que destruye empleo en las comarcas del interior, frena el relevo generacional y agrava el riesgo de despoblación e incendios forestales por el abandono de tierras.
El precedente de La Rioja como modelo de actuación
LA UNIÓ recuerda que el Gobierno de La Rioja ha aprobado recientemente una ayuda excepcional con fondos propios para sostener su actividad agraria, lo que demuestra la existencia de margen legal y presupuestario para que las comunidades autónomas intervengan.
«Si La Rioja puede apoyar con fondos propios a sus profesionales agrarios, no entendemos por qué la Generalitat no puede hacer lo mismo con nuestros viticultores», señala Luis Javier Navarro, vicesecretario general de LA UNIÓ, quien enfatiza que la Conselleria aún está a tiempo de reaccionar.
Requisitos para la concesión y agilización de trámites
Para garantizar el impacto real de los fondos, la organización exige que las ayudas se concentren exclusivamente en agricultores profesionales que gestionen directamente sus tierras —acreditados mediante la condición de explotación prioritaria o el alta en el régimen agrario de la Seguridad Social— y que la línea cuente con crédito suficiente para evitar recortes por prorrateo.
Asimismo, solicitan a la Administración una tramitación simplificada que aproveche los datos de la Solicitud Única de la PAC y el Registro Vitícola, así como una revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los precios en origen cubran realmente los costes de producción.
