La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recibido este jueves a los representantes de la Plataforma por la Reversión del Hospital Vinalopó en un encuentro en el que ha expresado su pleno respaldo a la iniciativa de revertir el modelo de gestión del hospital ubicado en Elche, actualmente administrado por Ribera Salud. Durante la reunión, la ministra destacó que la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud no permitirá modelos como el de Alzira.
Desde que la Generalitat Valenciana anunció que quería prorrogar el contrato de gestión del Hospital de Vinalopó con Ribera Salud, la plataforma ha recogido 10.000 firmas. En la reunión con la ministra, los miembros de la plataforma han explicado que “no hay informes ni auditoría que avalen la prórroga que quiere hacer el gobierno valenciano, sería la primera prórroga de estas características y podría suponer un enriquecimiento injusto. El resto de departamentos en manos privadas han acabado el contrato y han pasado a la gestión pública. Este no. Desde la plataforma dudamos de la legalidad jurídica de dicha prórroga con una inversión por parte de la empresa ya amortizada”
García ha recordado que “este sistema de concesiones sanitarias ha demostrado ser un fracaso” y ha insistido en que “desde el Ministerio estamos firmemente comprometidos en defender nuestra sanidad y que no se venda al peor postor, de hecho, es uno de los objetivos que persigue a futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos por partes de entes privados con ánimo de lucro”.
La Plataforma ha pedido a la ministra que se derogue por completo la Ley 15/1997 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, una norma de la época de José María Aznar y que abrió la puerta a los modelos concesionados de la sanidad en todo el país. Esta norma permitió el modelo de concesiones administrativas sanitarias casi extinto en la Comunitat Valenciana, a excepción del Departamento de Elx/Crevillent, el único que el gobierno autonómico pretende dejar en manos de una empresa privada.
También se ha puesto sobre la mesa las dudas sobre la viabilidad jurídica de la prórroga del contrato a Ribera Salud que pretende llevar a cabo el Gobierno valenciano, así como la falta de informes que avalen esta decisión y el problema del uso de sistemas de información incompatibles con los del resto del sistema sanitario público, que impide una adecuada supervisión por parte de las instituciones.
